Amnistía Internacional denuncia que la reforma del Código Penal en relación con la definición de terrorismo es "tan vaga" que puede penalizar comportamientos que hasta ahora no eran delitos y restringir "desproporcionadamente" el derecho de libertad de expresión, como en el caso de los titiriteros.
Según el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, durante la presentación del Informe Anual de 2015-2016, muchos gobiernos están debilitando intencionadamente instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas y "España no escapa a esa tendencia internacional", con reformas como la del Código Penal en materia antiterrorista y la Ley de Seguridad Ciudadana.
"Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un limite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión", ha dicho Beltrán.
El responsable de Amnistía ha detallado el análisis que la organización ha realizado sobre la defensa de los derechos humanos en España y ha destacado que "la libertad de expresión se ha visto restringida por nuevas disposiciones legislativas", así como el derecho de reunión pacífica.
Según Beltrán, con la entrada en vigor de las mencionadas legislaciones se han puesto "límites adicionales" sobre dónde y cuándo se pueden celebrar concentraciones, además de otorgar competencias a las fuerzas de seguridad para imponer multas de hasta 30.000 horas a personas que muestren "falta de respeto".
En el ámbito internacional, considera que España "ha tenido una política de doble rasero", dando pasos positivos ante el Consejo de Seguridad de la ONU en resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad, pero también desoyendo recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura.
"España ha recibido diferentes llamadas de atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada y por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes", ha añadido.
Respecto a los compromisos asumidos por España con la UE sobre la reubicación y reasentamiento de refugiados, lamenta que se cumplan "muy lentamente" y que "cientos de personas esperen hacinadas en el CETI de Melilla, en muchos casos sin la debida atención médica y psicológica".
El informe expone que en 2015 "se denunciaron nuevos casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de la Policía contra personas que trataban de entrar de forma irregular en Ceuta y Melilla desde Marruecos".
El informe también señala que expertos de la ONU han instado a España a cumplir con su obligación de extraditar o juzgar a supuestos responsables de violaciones graves de los derechos humanos, tras rechazar la petición de la justicia argentina para que extraditara a 17 personas en relación con la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
Respecto al aborto, recuerda que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre este asunto pidieron a España no restringir el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto seguros y legales.
Sobre el derecho a la vivienda, Amnistía señala que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a nuestro país que garantizara el acceso a recursos judiciales de las personas que se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria.
En la presentación española del informe han intervenido también los activistas de derechos humanos Richard Nimubona, quien ha denunciado la situación de Burundi, y Joanne Mariner, la de países "olvidados" como Camerún y la República Centroafricana.
Nimubona, miembro de la Asociación por la Protección de Derechos Humanos de Burundi y que tuvo que huir de su país en 2015 por amenazas, ha reclamado a España su apoyo para que traslade en el Consejo de Seguridad de la ONU la urgencia de buscar una salida al conflicto que se vive en ese país y evite "otro genocidio como el de Ruanda".
"Pido que investiguen la violación de los derechos humanos que se están produciendo y las fosas comunes que Amnistía Internacional ha documentado", ha asegurado el activista, quien ha reclamado Fuerzas de Mantenimiento de la Paz.
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