La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el dueño de Uniter, José González Mata --a quien en la noche de este martes envió a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros--, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta", haciendo alusión asimismo al "enorme enriquecimiento" que el imputado experimentó con este "saqueo", ya que es titular de 32 inmuebles, de los que 29 los adquirió "en el periodo investigado".
Hay que recordar, en este punto, que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En el auto de prisión, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora considera que "existen sólidos indicios" contra González Mata y señala que, entre 2001 y 2010, participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández", todos ellos imputados en esta causa.
La juez añade que, "en este ilícito uso de fondos públicos, tendría también una actuación decisiva junto al inculpado representantes de los sindicatos UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter, o de la propia empresa, así como el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís".
Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales, mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.
EL PAPEL DE LOS SINDICATOS
A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".
Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".
En el auto, la juez también hace alusión a una serie de "pagos directos" a Guerrero a través de dos asientos incluidos en la contabilidad de Uniter "que reflejarían pagos de 25.000 y 75.000 euros con el concepto 'J.Guerrero', tratándose de dos cheques que serían cobrados por la empresa Andalucine, relacionada societariamente con la entidad Producciones Barataria, perteneciente a la hermana de la delegada provincial de Medio Ambiente en Sevilla y que en 2005 recibiría una subvención de más de 300.000 euros".
LA INCLUSIÓN DE 'INTRUSOS'
La juez también achaca al imputado su "activa participación" en la inclusión de intrusos, como por ejemplo los cinco empleados del establecimiento Almacenes Delgado, de la localidad del Cerro del Andévalo (Huelva), que fueron incluidos en 2006 en la póliza de Bolsa de Tharsis pese a que "nunca habían sido mineros".
De igual modo, añade la magistrada, González Mata "tendría un papel decisivo" en la inclusión del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés en Calderinox, "pues al parecer contaba con los parabienes" de Antonio Fernández, Juan Márquez y del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Asimismo, su intervención "sería también decisiva" en la inclusión del exconsejero de Empleo de la Junta en la póliza de González Byass, en la que Antonio Fernández "sabía que estaba incluido, y por la que podría haber llegado a cobrar 386.181 euros".
ENRIQUECIMIENTO PATRIMONIAL DE GONZÁLEZ MATA
La juez señala que, frente a unos ingresos declarados por el imputado entre 2003 y 2010 de 755.369 euros, la entidad Cureña --perteneciente al dueño de Uniter al 100 por cien-- "tendría unos abonos entre 2001 y 2012 de cerca de 55 millones de euros", según el análisis realizado por la Guardia Civil de las cuentas bancarias.
Al hilo, precisa que de estos 55 millones "al menos el 58 por ciento procedería de las ganancias de Uniter, más de 32 millones de euros", lo que "le habría permitido la realización de importantes inversiones, como la adquisición de nada menos que 29 inmuebles a partir del año 2001, fecha en la que interviene en su primer expediente, Santana Motor".
Estos inmuebles estarían repartidos entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Madrid, agrega la magistrada, quien también apunta que el imputado destinó 2,9 millones de euros "entre imposiciones a plazo fijo y productos de pasivo, así como inversiones menores tales como 1,2 millones en compra de acciones en bolsa".
"TRAMA GENERAL DE DEFRAUDACIÓN"
La juez considera, en suma, que el imputado habría destinado el dinero obtenido con las 'sobrecomisiones' a su propio enriquecimiento personal y "al sostenimiento de la trama".
Tras dos días de declaración, la juez envió a la cárcel al imputado después de la celebración de una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción aludió a la "participación y posición del imputado en la trama general de defraudación montada en torno al dinero público que desde la Junta se destinaba a la financiación de ayudas sociolaborales a empresas desde el año al menos 2001 al 2010".
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