España cuenta con 875 españoles detenidos en el exterior, concentrándose el 46% de ellos en prisiones de Francia, Alemania y Marruecos. Además, el Gobierno tiene constancia de 27 españoles condenados a cadena perpertua y uno más a la pena de muerte en Egipto.
Los datos figuran en una respuesta parlamentaria del Gobierno, consultada por Europa Press, en la que detalla la situación de los presos españoles en el exterior a fecha de 30 de septiembre de 2022 y los cargos por los que han sido acusados, más de la mitad de ellos por delitos relacionados con drogas.
Por distribución geográfica, los cinco países con más arrestados son: Francia (176), Alemania (134), Marruecos (97), Portugal (48) y Bélgica (42). Le siguen Reino Unido (35), Italia (33), Estados Unidos (31), Ecuador (18), Perú (18) y Bolivia (14). En total, hay españoles detenidos en casi 70 países, entre los que no figura Irán, donde en octubre fueron detenidos dos españoles en el marco de las protestas contra la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial.
En contestación a EH Bildu, el Ejecutivo detalla también la situación jurídica para especificar que, del total de 875 presos españoles en el exterior, 482 tienen sentencia. En este sentido, indica que 104 tienen penas de prisión superiores a diez años --y 333 inferiores--, mientras que 27 personas han sido condenadas a cadena perpertua y una más a la pena de muerte.
Aunque el Gobierno no lo menciona, este único caso es el de Ahmed el Saadany Ghaly, con nacionalidad española y de origen egipcio, condenado en Egipto tras matar de un disparo a un cuñado en 2016.
El motivo de la detención más común es el tráfico de drogas (486), lo que representa el 55,5% de las causas de detención, seguido por el robo (56 casos), asesinato (33), homicidio (32), abuso de menores (24), estafa (22), terrorismo (15), violación (15), tráfico de personas (14), violencia de género (13), estancia ilegal (9), atraco (8), falsificación (6), secuestro (5), proxenetismo (5). En otras causas hay clasificados 46 españoles y en proceso de extradición otros 10.
Por otra parte, por lo que se refiere al número de españoles detenidos que han solicitado su traslado a España para cumplir aquí su pena, el Ejecutivo no ofrece datos precisos sobre cifras o desde qué países en concreto.
Así, se limita a remitir a la Ley 23/2014 sobre Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea para argumentar que el Ministerio de Justicia no dispone de datos completos sobre el traslado de españoles desde otro Estado miembro, al ser el Juzgado Central de lo Penal el competente en la materia.
Por otra parte, recuerda que con unos 60 países está en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas de 1983, del que forman parte tanto países europeos como de fuera del continente, mientras que con otros 34 existen convenios bilaterales específicos que se han ido negociando.
En general, según han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press, cada vez que hay un caso de un español encarcelado en un país con el que no existe convenio para el traslado de condenados se intenta negociar uno nuevo.
Con todo, según recalca el Gobierno en su respuesta, además de la existencia de este tratado internacional es necesario cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, es necesario el consentimiento del penado, que este cuente con nacionalidad española, haya una sentencia firme en su contra y que la pena pendiente de cumplir sea superior a seis meses o un año --dependiendo del convenio--.
También se requiere que los hechos que motivaron la condena en el país en el que se está encarcelado sean también delito en España y que ambos países estén de acuerdo en el traslado, "ya que los convenios no configuran un derecho a ser trasladado".
Además, aunque cualquier español condenado en el exterior tiene derecho a solicitar su traslado si cumple estos requisitos, el mismo solo se producirá si los dos Gobiernos dan su visto bueno, algo que no siempre ocurre.
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