Jennifer Muñoz, una joven de 23 años que en diciembre de 2019 fue condenada a pagar 26 euros por robar un juguete en un Carrefour, ha elevado su caso ante la ONU al considerar que las instituciones españolas vulneraron su derecho a un juicio justo y la discriminaron por ser mujer y gitana.

La sentencia del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, que en un juicio rápido condenó a Muñoz por un delito leve de hurto en grado de tentativa, fue apelada por el equipo jurídico de la Fundación Secretariado Gitano, pero sus recursos fueron desestimados tanto por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Supremo.

Los letrados, al considerar también que las instituciones habían vulnerado los derechos de la joven, llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite el recurso al alegar que en ningún supuesto se estaba vulnerando la Constitución.

Firme la condena, que le ha generado antecedentes penales, Muñoz ha presentado su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un órgano de la ONU encargado de velar por los derechos de las mujeres.

"Yo nunca me había visto implicada en algo así y lo que quiero es que me limpien la mancha de mi historial. Espero que en la ONU me escuchen, pero no solo por mí, sino para que no le vuelva a pasar a nadie", asegura en declaraciones a Efe.

Relata que el 11 de diciembre de 2019 entró en el Carrefour de Madrid-Sur, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, con su cuñada y uno de sus hijos, que por entonces tenía cerca de cuatro meses y llevaba un juguete en el carrito.

A la salida la paró un guardia de seguridad del centro comercial, que la acusó de haber robado el juguete, la retuvo durante más de una hora en un "cuartucho" en el que no le dejó ni alimentar a su bebé y llamó a la Policía, que le puso un acta de denuncia para presentarse a un juicio rápido al día siguiente.

"El juguete me lo habían regalado en la inauguración de una tienda unos días antes. Además costaba menos de siete euros. Aunque lo hubiese robado, tampoco era para llevarme a juicio", explica la mujer.

En el juicio, donde se sintió "humillada, que no se le permitió presentar como testigo al dependiente de la tienda en la que le regalaron el juguete y el magistrado no solicitó el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad, añade.

Por el contrario, la sentencia de la Audiencia de Madrid que desestima el primer recurso y a la que ha tenido acceso Efe, considera probado que Muñoz "cogió efectos por importe de 6,90 euros y trató de llevárselos sin pagar, siendo sorprendida por un vigilante, quien recuperó los referidos efectos".

DOBLE DISCRIMINACIÓN

Una de las letradas de la Fundación Secretariado Gitano que ha atendido a Jennifer recurso tras recurso es Selene De la Fuente, que considera que su defendida ha sido víctima de discriminación interseccional -al juntarse motivos étnicos y de género- y que se ha vulnerado su seguridad jurídica al no dejarle presentar las pruebas propuestas.

"Ella sufrió la discriminación del vigilante y de las instituciones, que se supone que son garantes de los derechos. Si no, nunca hubiésemos llegado hasta el Constitucional solo por un juguete", resalta De la Fuente a Efe.

La abogada confiesa que no sabe hasta qué punto el Comité de la ONU podrá anular los antecedentes de Jennifer, su verdadero objetivo, pero espera que su defendida sea escuchada y que se siente un precedente que evite que se repitan casos de discriminación como este.

"A nivel estatal ya no nos queda nada que hacer y esta resolución tardará entre seis meses y un año, pero esperamos conseguir visibilizar y concienciar sobre los problemas que sufren las mujeres gitanas", apostilla.

Según indica la letrada, dicha resolución no tendría carácter vinculante, pero podría sentar un precedente y unas recomendaciones que podrían influir en los órganos jurídicos.

CASOS SIMILARES

De la Hoz recuerda que el de Jennifer no es el único caso de discriminación a personas gitanas que llega a la Fundación Secretariado Gitano, donde reciben cientos de denuncias: "Las hay de todos los ámbitos: en educación, sanidad, en el mundo laboral...", explica.

Dice que como la comunidad gitana tiene muy interiorizada la discriminación, pocos casos se judicializan y los que sí denuncian estas situaciones ante la Fundación no pueden hacer mucho más que expresar su malestar en una carta de reclamación.

"Esta laguna jurídica se puede paliar con la ley de igualdad de tratro, que lleva once años tramitándose y a día de hoy se encuentra en fase de enmiendas. Esa ley recoge muchas de las sanciones administrativas que podría sancionar este tipo de conductas", sentencia la abogada.