La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) denuncia el creciente intrusismo profesional que los y las profesionales con titulación de criminólogos ejercen al realizar labores como informes de conducta con investigación privada, que solo los y las Detectives Privados de España pueden llevar a cabo, según establece la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y en el Real Decreto 2364/1994.
Según indica la citada Ley, en su art. 37, “los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación con personas, hechos y conductas privadas”. En el citado art. 48 se establece que “Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados” relacionados con distintos ámbitos personales, sociales y económicos.
En los últimos años, la APDPE ha detectado que tanto para completar labores de compliance en las Empresas, como para la presentación de pruebas en procesos judiciales en los despachos de abogados, se contrata la realización de informes de conducta a los titulados y tituladas en Criminología, cuando se trata de informes de investigación, que incluyen datos de carácter privado, sobre personas físicas o jurídicas. Estos informes, protegidos entre otras por las leyes relativas a la Protección de Datos, solo los profesionales de la Investigación privada están facultados para realizarlos, puesto que son los únicos autorizados mediante su habilitación y registro en el Ministerio de Interior.
Intrusismo y fraude
Abogados, empresas e, incluso, juzgados, están asumiendo como válidos informes e investigaciones de conducta, que al ser realizado por criminólogos que no cuentan con la habilitación establecida por la Ley, pueden llegar a ser rechazados por las instituciones que los requieran, y su encargo y realización puede constituir un fraude, por el que los clientes que lo contratan están perdiendo tanto su tiempo, como su dinero. Debido a su inhabilitación profesional, los informes realizados por criminólogos pueden ser desestimados como prueba en cualquier proceso judicial.
Además, los detectives privados vuelven a ser testigos de una nueva vía de entrada del intrusismo profesional en sus filas, hecho que también puede ser constitutivo de delito por parte de los titulados en criminología, que no cuentan con la titulación de grado universitario necesario para ser Detective Privado, registrarse en el Ministerio de Interior y realizar actividad investigadora y registro de datos alguno. Por esta razón, desde la APDPE se van a tomar acciones judiciales cuando se detecte cualquier caso de intrusismo por parte del colectivo de criminólogos.
La APDPE quiere destacar que los y las detectives son “expertos con funciones reconocidas y reguladas por ley y tienen atribuciones exclusivas para investigar y las conclusiones de su trabajo tienen rango de prueba judicial. El detective investiga con rigor personas y hechos, colaborando con la justicia, es un profesional liberal acreditado por el Ministerio del Interior (a través de la Dirección General de Policía) que realiza investigaciones de carácter privado, siempre en el marco de la ley”.
La profesión de criminólogo cuenta con un mercado laboral limitado y el campo de la realización de los informes de conducta les ofrecen una salida profesional, que en los últimos años se ha visto incrementada por la entrada en vigor de la legislación relativa a la Responsabilidad Empresarial y la necesidad de realizar exhaustivos trabajos de compliance en las empresas.
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