Finalizado el mes de septiembre, ya han transcurrido más de dos años desde que fuesen elevados al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos interpuestos contra cada una de las dos sentencias derivadas de los litigios promovidos por bomberos interinos de la Diputación de Sevilla, contra la decisión de dicha institución de anular la prueba celebrada el 3 de marzo de 2018 para las oposiciones a 61 plazas de bombero al sospechar de una posible filtración, toda vez que una de tales sentencias anulaba dicha decisión y otra la avalaba.
Ambas sentencias derivan de impugnaciones por la vía Contencioso Administrativa promovidas por separado por dos grupos de bomberos interinos de la Diputación contra la decisión del Gobierno provincial socialista de anular la prueba celebrada el 3 de marzo de 2018 respecto a tales oposiciones, si bien la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 daba la razón a los recurrentes y anulaba la decisión de dejar sin efecto la prueba, mientras la resolución del Juzgado número cuatro de dicho orden avalaba la decisión adoptada por la institución provincial.
En ese sentido, fuentes judiciales consultadas por Europa Press han explicado que la primera de las sentencias fue recurrida por la Diputación en defensa de su decisión de revocar la celebración de la prueba y por ende los resultados de la misma, mientras la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro fue recurrida por los bomberos interinos promotores de dicho litigio en concreto, al avalar la misma la actuación de la administración provincial.
PENDIENTES DEL TSJA
Ambos recursos fueron interpuestos en septiembre de 2019, toda vez que actualmente, el TSJA tiene pendiente emitir las resoluciones correspondientes a cada uno de los recursos. Aunque el TSJA no podría acumular ambos litigios en uno solo, según tales fuentes, lo previsible sería que rigiese un criterio único a la hora de resolverlos.
Hablamos del conflicto de las oposiciones promovidas por la Diputación de Sevilla para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero vacantes en su plantilla, cuya primera prueba se celebró el pasado 3 de marzo de 2018 con un examen tipo test.
En dicha prueba firmaron su examen 834 aspirantes, superando 212 de ellos la nota de corte, toda vez que tras alertar el presidente y el secretario del tribunal de la oposición de posibles "anomalías" en los resultados, la Diputación decidió anular la prueba y elevar el asunto a la Fiscalía.
Y es que entre las 65 primeras calificaciones de la prueba figuraban, según un decreto de la Fiscalía recogido por Europa Press, un total de 58 "opositores que habían desempeñado o desempeñaban trabajo de bombero como funcionarios interinos; aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo de la Diputación y dos hijos de un funcionario del área del Servicio de Bomberos", señalando la empresa especializada DARA en un informe la "alarmante coincidencia" en las respuestas de estos 65 opositores a un grupo concreto de preguntas de la prueba.
No obstante, la Fiscalía archivó su investigación porque "ni el presidente, ni el secretario ni los vocales del tribunal (entre ellos miembros del cuerpo de bomberos) percibieron que alguno de ellos fotografiara las preguntas, se llevase papeles o grabara lo hablado en la reunión" en la que fue confeccionado el test de aquella prueba inicial, ni mediaba tampoco "relación entre las preguntas comúnmente acertadas por los aspirantes" considerados como "sospechosos" y "la identidad del autor de las mismas".
EL "ESTUDIO DE RIESGOS"
"Es decir, se da un número elevado de aciertos en preguntas elaboradas por los denunciantes (miembros del tribunal) e incluso preguntas contestadas de forma incorrecta y que habían sido confeccionadas por vocales del tribunal pertenecientes al cuerpo de bomberos", indica la Fiscalía, zanjando que el "estudio de riesgos" encargado a la compañía DARA sobre la prueba se centró en los exámenes de los 65 aspirantes considerados como "sospechosos", cuando se le debió solicitar un análisis de los exámenes de todos los opositores, "pues era la única forma de lograr un informe pericial objetivo, general e imparcial".
Dado el archivo de la investigación judicial, los bomberos interinos que concurrieron a este concurso oposición reclamaban la revocación de la decisión de anular la prueba inicial del 3 de marzo, promoviendo dos litigios paralelos tramitados por los juzgados de lo Contencioso Administrativo números cuatro y 14.
No obstante, y como ha sido señalado, mientras la sentencia emitida al respecto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro avalaba la actuación de la Diputación, la resolución del juzgado número 14 estimaba el recurso de los opositores y anulaba la decisión de dejar sin efecto la prueba.
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