La pandemia del coronavirus ha agravado los problemas de vivienda que ya arrastraban cientos de miles de familias desde el estallido de la burbuja inmobiliaria que provocó la crisis de 2008.
El desplome de la economía, la destrucción de empleo y la falta de suministros básicos llevaron a las administraciones a desplegar un arsenal de medidas con las que intentar evitar que las familias perdiera también lo más básico: un techo.
Entre esas medidas, el BOJA del 8 de septiembre publicó una convocatoria hasta entonces inédita para conceder ayudas para el alquiler de personas con un elevado índice de vulnerabilidad. En números redondos, la Junta reservó para este programa 12,3 millones de euros.
Algo más de 1,1 millones de euros (1.144.293 del 1.145.893 previsto) han ido a sufragar el pago del alquiler de 386 familias sevillanas en riesgo. Son las solicitudes concedidas de un total de 387 recibidas. La que no se ha atendido se debe a la imposibilidad de hacer el pago del expediente “por problemas con la cuenta bancaria”, aclaran fuentes de la Consejería.
Estas ayudas, para las que el plazo de solicitud se cerró el 30 de noviembre de 2020, han sido tramitadas y solicitadas por los servicios sociales de los ayuntamientos. Su informe favorable y la cuantía a conceder han sido datos clave para la adjudicación.
El programa de ayudas para el alquiler a personas vulnerables cuenta con una segunda línea, cuyo plazo para la presentación de solicitudes continúa abierto hasta noviembre de este año. En este caso, los datos no están provincializados ya que las ayudas se conceden a administraciones públicas, empresas públicas y, como novedad, a entidades sin ánimo de lucro. Es la primera vez que una convocatoria de este tipo se realiza de la mano del llamado tercer sector, el de las ONG.
La Consejería de Fomento ya informa de que en esta línea ya se ha ejecutado el 92% del presupuesto disponible, que suma más de 5,7 millones de euros en toda Andalucía. Hasta 23 entidades públicas, principalmente ayuntamientos y empresas municipales de la vivienda, que gestionan 3.786 viviendas, se han acogido a esta convocatoria.
Los colectivos a los que va dirigido el programa de ayudas para el pago del alquiler son víctimas de violencia de género, personas sin hogar y personas en situación de especial vulnerabilidad.
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