En el último minuto pero el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla seguirá adelante con la modificación del PGOU con la que busca restringir la apertura de casas de apuesta pese a las advertencias hechas por la Consejería de Hacienda, que, por escrito, ha hecho saber a los ayuntamientos que impulsan iniciativas similares a la de Sevilla que están invadiendo “competencias exclusivas” de la Junta de Andalucía en materia de juego.
Finalmente, el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha convocado para el mismo jueves 18 de marzo un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo para aprobar la modificación puntual y elevarla ese mismo día a la sesión plenaria que está convocada (9.30 horas). Para dar este paso, el Gobierno de Juan Espadas ha esperado a contar con el informe del secretario general, que, dada la decisión adoptada, no parece poner pegas a que Sevilla siga con sus planes iniciales. Dicho de otro modo, hay garantías jurídicas.
La modificación del PGOU que finalmente se elevará al Pleno después de analizar las “opciones técnicas y jurídicas” que dejaba la advertencia de la Junta fija un área de protección urbanística en torno a los centros educativos de manera que se impedirá abrir un salón de juegos y apuestas a menos de 150 metros de un colegio frente a los 500 inicialmente previstos. ¿Por qué 150 metros? Fuentes municipales explican que es la “misma cifra incluida en el borrador de decreto” que prepara la Junta para modificar el reglamento de establecimientos de juego. Además, esta distancia se considera por parte de los servicios jurídicos municipales como una medida “proporcionada”. Llevar el perímetro blindado a los 500 metros habría “impedido” en la práctica “la implantación en el término municipal” de estos establecimientos, lo que “excede de las competencias urbanísticas del Ayuntamiento”. Ahí, de hecho, ha estado la clave para salvar la tramitación iniciada en diciembre de 2019 por el Consejo de Gerencia y el Pleno: defender que el Ayuntamiento tiene competencias urbanísticas con las que diseñar el modelo de ciudad que quiere y éste pasa, en materia de juego, por proteger la salud de los más vulnerables, los jóvenes.
Esta “técnica de zonificación” por la que apuesta el Ayuntamiento, que calca la ya ensayada con la regulación de los pisos turísticos, está siendo “cuestionada fuertemente por los defensores de la libre competencia”, advierte el informe del secretario municipal, “limitando las facultades de decisión política respecto al modelo de ciudad”. Pero, abunda el informe, “consideramos que un reducto de ordenación de la ciudad debe reservarse al municipio a través del PGOU y ese reducto debe alcanzar necesariamente a la ordenación motivada y justificada de la localización de las actividades económicas” que son también las casas de juegos y apuestas.
Por todo ello, el informe jurídico apunta a que la modificación del PGOU por la cual se establecerá un perímetro de seguridad de 150 metros en torno a los colegios justifica la competencia municipal, está sustentada en razones imperiosas de interés general (en el primer semestre de 2000, con la pandemia ya desatada, la incidencia del juego patológico en la adolescencia alcanza el 2,41%, porcentaje que se dispara hasta casi el 20% en el segmento de edad de entre 18 y 30 años, según datos de la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar) y plantea una medida proporcional. “La medida –insiste el secretario general- parece proporcionada en cuanto no impide la realización de este tipo de actividades, limitándola muy parcialmente”.
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