El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla ha citado a declarar para este martes, 17 de noviembre, a la actual decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), Crisitina Murillo, junto al secretario, Juan Carlos Rodríguez Velasco, y el tesorero Francisco García Romero, en calidad de querellados por un presunto delito de prevaricación administrativa por las pasadas elecciones a la institución decanal, que se celebraron pese a que los dos colegiados cuya demanda ha sido admitida a trámite solicitaron la suspensión cautelar, que fue rechazada por el juzgado.
Así, el COAS vuelve de nuevo a los juzgados, en esta ocasión tras la denuncia presentada por los colegiados Enrique Soler y Agustín García-Amonera, aunque también denunciaron irregularidades en esta convocatoria electoral la candidatura que no resultó vencedora en las elecciones, en esta ocasión por la no aportación del censo de colegiados y la invalidación varios miembros de la candidatura.
“El acto prevaricador ha consistido en haber implementado el sistema de voto por correo de forma unilateral, sin haber sometido tan transcendental cuestión a votación por parte de los colegiados del COAS, prescindiéndose del procedimiento establecido para ello: la modificación estatutaria aprobada por la Asamblea General, procedimiento del que son conscientes habida cuenta de que hasta en dos ocasiones han tratado, infructuosamente, de realizar el cambio”, reza la querella presentada.
De hecho, en la citación, que obra en poder de este medio al igual que la querella en su integridad, le libra oficio al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla “para que se aporte el acta resultante de la sesión extraordinaria celebrada telemáticamente el pasado 26 de mayo”, como un elemento clave para dilucidar la comisión de ese delito de prevaricación.
De hecho, buena parte de la querella se fundamenta en el rechazo de varios colegiados a los intentos de la dirección del COAS de modificar estatutos y fórmulas de voto que fueron rechazados en dos asambleas, según reza el texto querellante.
“A la vista del rechazo, por dos veces, de la asamblea, los querellados “manu militari” lo han impuesto violentando tanto los Estatutos Particulares, como la voluntad de los colegiados del COAS, que no han dejado lugar a dudas ni interpretaciones sobre su rechazo al procedimiento que la Junta de Gobierno trató de implementar, por cuanto permite que las candidaturas vinculadas a la Secretaría puedan controlar y modificar el resultado de las elecciones. Insistimos, hecho este que la Junta de Gobierno conocía sobradamente, habida cuenta que hasta en dos ocasiones han tratado de implementar, sin éxito alguno, el sistema de voto por correo que requiere el preaviso”, apuntan.
“Los hechos que se denuncian en la presente querella versan sobre la maniobra delictiva operada por los querellados, cercenando el derecho a votar por correo a los colegiados del COAS, además, permitiéndole a los 23 querellados contar una información privilegiada que les permite modificar el desarrollo de los comicios y consecuentemente su resultado, para en definitiva, ser reelegidos como miembros de la Junta de Gobierno del COAS”, concluye la querella, en la que se solicitaba la medida cautelar de paralizar las elecciones, al entender que si hubiera en un futuro una sentencia condenatoria “llevará consigo la nulidad de la convocatoria de los comicios a celebrar el día 2 de julio”, extremo que no admitió el juzgado y permitió que se celebraran las elecciones.
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