El Grupo de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento hispalense presentado un recurso de alzada ante la calificación ambiental de la ampliación del tranvía, donde se rebate el rechazo a sus alegaciones y se solicita la suspensión cautelar del proyecto al entender que está basado en "auténticas mentiras".
"El gobierno local miente sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), miente sobre los datos de explotación del Metrocentro y miente sobre el Plan de Movilidad", ha dicho el portavoz de Adelante, Daniel González Rojas.
En un comunicado, Adelante detalla que el 15 de septiembre la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente "desestimó las alegaciones presentadas al proyecto constructivo del tranvía y concedió la calificación ambiental a esta ampliación prevista, en esta fase, hasta El Corte Inglés de Nervión". En este sentido, Adelante entiende como una "falta de respeto" las respuestas del gobierno municipal sobre las alegaciones y es que, como aseguraba Rojas, el informe estaba "plagado de continuos galimatías para justificar lo injustificable".
En el recurso presentado, desde Adelante Sevilla se afirma que en la desestimación de sus alegaciones "puede apreciarse claramente la nulidad de pleno derecho del acto administrativo por tener un contenido imposible" y, además, denuncian que la Gerencia de Urbanismo "no ha servido con objetividad los intereses generales y tampoco ha cumplido el principio de buena fe".
El texto registrado recoge las diferentes infracciones al ordenamiento jurídico en las que asegura que habría incurrido el informe de la comisión ejecutiva de la Gerencia. A lo largo de cinco apartados, se profundiza en el "supuesto amparo del PGOU para hacer la ampliación, sobre la supuesta recuperación de la afluencia de viajeros en el estudio de demanda, sobre el incumplimiento de las normas urbanísticas en cuanto a los itinerarios peatonales, sobre la cuestión del arbolado y, finalmente, sobre la inexistencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que justifique el proyecto de Juan Espadas".
"El rechazo a nuestras alegaciones está basado en auténticas mentiras", ha afirmado Rojas, que incide "en la necesidad de que las cosas se hagan bien, como se viene pidiendo desde el principio, y no se den pasos adelante intentando justificar lo injustificable, teniendo como único objetivo inaugurar algo destacable antes de las próximas elecciones".
El portavoz municipal ha defendido el recurso de alzada ante "las continuas afirmaciones falsas que se hacen para rechazar nuestras alegaciones" y es que, según Rojas, "el gobierno miente sobre el PGOU, miente sobre los datos de explotación del metrocentro y miente sobre el Plan de Movilidad".
Por ejemplo, señala que en el recurso se argumenta que el actual proyecto del tranvía no está justificado en el PGOU, pues en el plan de 2006 el tranvía no iba más allá de San Bernardo, y que sobre "las notables contradicciones que aparecían en el proyecto en materia de arbolado ni entran en el fondo de la cuestión ni han motivando el rechazo a las alegaciones".
Sobre la "inexistencia" de un Plan de Movilidad, el recurso recuerda que "el plan vigente es el aprobado en 2012, en el que no se recoge la ampliación del metrocentro en cuestión". Además, señala la "contradicción" en este sentido dado que, en la petición de fondos europeos para financiar el proyecto que ha hecho el gobierno de Juan Espadas, "se hace referencia a otro plan de movilidad diferente que sería, supuestamente, el que ahora están en proceso de elaboración".
"Entendemos que mentir en el informe sobre las alegaciones no sólo hace que la calificación ambiental del tranvía sea nula y deba suspenderse de forma cautelar, si no que podríamos estar ante un supuesto delito de falsificación de documento público", ha advertido Rojas. En este sentido, el recurso de alzada recoge que se "ha faltado a la verdad en la narración de los hechos" y solicita "que se revoque y deje sin efecto" la calificación ambiental.
Rojas ha concluido afirmando que "con este paso damos también una segunda oportunidad a Partido Popular y Ciudadanos para que dejen de ser cómplices de una ampliación injustificada, insostenible e innecesaria en estos momentos" y es que, según la normativa, será el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla quien tenga que resolver el recurso de alzada para finalizar la vía administrativa.
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