El concejal delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social de Sevilla, el socialista Juan Manuel Flores, se ha comprometido a hacer "todo lo posible" para acelerar el traslado del Centro de Alta Tolerancia para personas sin hogar ubicado en el barrio de la Macarena ya que, aunque se preveía que se produjera en primavera de este año, se ha retrasado a febrero de 2022, "una fecha que se establece como máxima", al haber tenido que sacar a licitación nuevamente el contrato de gestión del centro como consecuencia de las alegaciones de las empresas que optaban a la prestación de este servicio.
En este sentido, el contrato con la empresa gestora de este centro cumplía en 2019, por lo que el nuevo pliego de condiciones para la prestación del servicio recogía su instalación en un nuevo edificio fuera de la Macarena. Sin embargo, las empresas recurrieron alegando, principalmente, que no contaban con tiempo suficiente para encontrar otro espacio para este centro, algo que estimó el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (Tarcas), obligando a realizar una nueva licitación en la que se incluye que se puede retomar el servicio en el mismo local y con un periodo de transición para encontrar el nuevo emplazamiento, "como máximo en febrero de 2022", según explica Flores.
El responsable del área ha realizado estas aclaraciones en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno, después de que el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja le preguntara sobre la situación de los recursos para personas sin hogar en la Macarena y le pidiera "plazos concretos". "El traslado se aprobó hace dos años en Pleno y en ese tiempo caben todos los plazos", asegura García.
En este sentido, Flores ha dejado claro que no se trata de un problema de "voluntad política" y que se está trabajando desde hace años en la desconcentración de estos recursos en la zona. "Estamos en ello y nos gustaría poder ir más rápido y, aunque entiendo que haya vecinos a los que los tiempos se les hagan eternos, tenemos que tener unos plazos marcados por la seguridad jurídica", advierte.
Flores incide así en que las alegaciones plantadas al contrato que concluía el traslado dela instalación provocó que se "parara toda la tramitación, rompiendo los plazos inicialmente marcados". "Se va a intentar que esté en un plazo máximo de febrero de 2022 y actualmente la tramitación se encuentra en la fase de apertura de las propuestas", añade, apuntando igualmente que dependerá su desarrollo de la disponibilidad presupuestaria de 2021.
"Mientras, se sigue trabajando en la Macarena para mejorar la convivencia. Hay integradores que trabajan con estas personas a pie de calle y también hay equipos interdisciplinares para evitar concentraciones en la zona", concluye.
En relación a este asunto, el concejal del PP Jesús Gómez Palacios ha incidido en la comisión en el "aumento de delincuencia y el repunte de la criminalidad en todos los barrios de la ciudad" y ha exigido más recursos policiales, avisando de que en el caso de Macarena los actos se producen por "delincuentes que viven en el propio barrio". "No queremos criminalizar a ningún colectivo pero es un problema que se produce por la alta concentración de personas sin hogar y los comportamientos incívicos de algunos de ellos", sentencia.
Al hilo de ello, el delegado de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha recordado, en primer lugar, que la seguridad ciudadana es competencia de la Policía Nacional. "¿Cuándo ha dejado de haber robos en la ciudad, en la región, en el país o en el mundo?", pregunta, dejando claro que "sí están bajando los índices de criminalidad", por lo que no entiende el "alarmismo" del PP. Además, incide en los nuevos policías que se van a incorporar en la plantilla, parte de los cuales irán a Macarena, donde ya hay un operativo conjunto que ha logrado "mejorar algo la situación".
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