Actualizado: 12:52 CET
Jueves, 06/08/2020

Sevilla

Diputación aprobará en agosto las bases del plan de ayudas sociales

El presidente Fernando Rodríguez Villalobos confía en que esté lista en septiembre para generar contratos de trabajo a personas en riesgo de exclusión social

  • Fernando Rodríguez Villalobos.

La Diputación de Sevilla prepara ya todos los trámites administrativos para que, a mediados de agosto, el plenario de la entidad pueda reunirse de manera extraordinaria y aprobar las bases de una convocatoria extraordinaria del Programa para la Prevención de la Exclusión Social --antiguo PUM--, que esté lista en septiembre y generando contratos de trabajo a personas en riesgo de exclusión.

Tras la convocatoria ordinaria, hace tres meses, de este programa que realiza anualmente la Diputación, la corporación pondrá ahora una edición extraordinaria cuya cuantía, ha asegurado el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, "será mayor que la que ha tenido tradicionalmente este programa, que ha sido de cinco millones de euros cada año".

En palabras de Villalobos, "la incertidumbre ha llevado a muchos alcaldes en las últimas semanas a trasladarme su inquietud ante las cifras de desempleo que vienen registrándose en sus municipios. Y frente a eso, ya anuncié que esta entidad va a poner en carga un nuevo PUM a inicios de septiembre. Y para su aprobación vamos a celebrar un Pleno extraordinario a mediados de agosto, con la intención de que los alcaldes tengan estos recursos para contrataciones de personas en sus municipios en septiembre".

El programa para la Prevención de la Exclusión Social, que es la nueva acepción del PUM, se dotará con fondos provenientes del 20 por ciento del superávit de la entidad provincial que, ya en su día, el Gobierno permitió emplear en medidas de carácter social ante la pandemia. Actualmente, el equipo de gobierno estudia cuál podría ser la cuantía exacta.

El antiguo PUM viene realizando convocatorias para la contratación de personas en riesgo de exclusión en los municipios sevillanos desde 2009. Cada año, la iniciativa permite generar en torno a 4.500 contratos desde los ayuntamientos, de entre 15 días y tres meses, para los vecinos que se encuentran en esos colectivos.

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