El juzgado que investiga el concurso para adjudicar la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha desestimado un recurso de la empresa que lo perdió, Emerita Resources, contra su decisión de concluir la instrucción, al considerar que la petición es "un relato de retazos desarticulados e injertados en hechos inciertos".
La jueza de Instrucción número 3 de Sevilla dio la investigación por finalizada el 13 de marzo y pidió a las partes que se pronunciasen sobre la conveniencia de archivarla, como han hecho la Fiscalía Anticorrupción, los dieciséis investigados y Minorbis, que ganó el concurso; o prolongarla, como solicitaron Emerita, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining.
En un auto del 9 de junio, la jueza rechazó la petición de estas últimas y advirtió a los denunciantes que deben "evitarse comportamientos abusivos o con consecuencias dilatorias" con más apariencia "especulativa" que de "una intención real de contribuir a un correcto esclarecimiento de los hechos".
Emerita presentó un recurso de reforma contra ese auto, y subsidiariamente otro de apelación, pero la magistrada desestima el primero basándose en que no imputa "conductas concretas" a los investigados y sus argumentos derivan de "meras posibilidades de inseguros resultados y con una finalidad meramente prospectiva o de reproche general por su actuación en el concurso".
En un auto fechado el 6 de julio al que ha tenido acceso Efe, la jueza recuerda que las actuaciones se siguen por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, fraude y exacciones ilegales y avisa de que el derecho a la utilización de los medios de prueba se limita a las diligencias que sean "pertinentes".
"No puede en modo alguno admitirse" que la investigación sea "prospectiva", es decir, "carente desde el inicio de indicios objetivos concretos o una investigación generalizada sin deducir la posible existencia de infracción criminal", alega la jueza.
También destaca que por prejudicialidad penal "subyace suspendido un procedimiento paralelo en la jurisdicción contencioso-administrativa" en el que "muchos de los investigados han declarado como testigos".
La instructora reivindica que será esa jurisdicción "la legítimamente llamada a abordar (...) muchas de las cuestiones técnicas que pretenden aquí replantear los impugnantes".
La jueza también reseña que descartó practicar nuevas pruebas para investigar un presunto cohecho porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no apreció "indicio alguno" de que los investigados o sus allegados "se hubieran beneficiado de una modificación/ascenso en sus situaciones profesionales".
Además, Emerita "en ningún momento ha puesto objeción alguna" a la actuación de la UCO "ni sugirió ninguna vía de nueva investigación" con anterioridad.
Respecto a la solicitud de Ecologistas en Acción, a la que se adhirió Emerita, para investigar los proyectos y expedientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "de forma notoria excede y trasciende del ámbito propio del delito de prevaricación", replica la jueza.
Esos elementos podrían ser "relevantes y pertinentes" en la investigación que los juzgados de Sanlúcar la Mayor realizaron por presunto delito contra el medio ambiente por la posible falta de estanqueidad del recinto minero, si bien esa causa ya ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Sevilla.
En todo caso, la federación ecologista "enfoca" su petición a la gestión medioambiental de los futuros vertidos a la cuenca del Guadiamar y si la jueza admitiera esas diligencias, la investigación estaría "abierta sine die", concluye.
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