La Policía Nacional desplegó este pasado martes una operación mediante la cual detuvo a siete personas, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa (Sevilla) por posibles delitos cometidos en la gestión del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, que habría mantenido contrataciones con una empresa administrada por el secretario y el gerente de la propia entidad.
Como ha avanzado ABC y han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, se trata de nuevos arrestos más allá de las personas ya detenidas el pasado mes de enero.
Mientras la Policía Nacional señala que estas últimas seis personas prestaron declaración en calidad de detenidos y después quedaron en libertad, el Consorcio viene defendiendo que los aludidos comparecieron "voluntariamente" ante la Policía tras pedirles los agentes que se personasen en la comisaría más cercana, en este caso la de Antequera (Málaga), en el marco de una visita a la sede del Consorcio a la búsqueda de documentos.
Y si bien el Consorcio expone que el asunto giraría en torno a "documentación anterior a la toma de posesión de Antonio Jesús Muñoz (PSOE) como presidente de la entidad en octubre de 2019", declarando voluntariamente el también alcalde de Estepa, IU avisa de que hasta el 21 de marzo de 2019, el secretario interventor y el gerente de la entidad figuraban como administradores de una sociedad mercantil radicada en Alicante y con la que el Consorcio habría trabado "importantes operaciones de contratación".
PIDEN CESES
En ese sentido, tanto IU como el PP vienen reclamando el cese del secretario interventor del Consorcio, José Antonio Mañas, y del gerente, dada la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía a cuenta de las contrataciones de esta entidad pública con la citada empresa alicantina administrada por ambos, una denuncia que iría también contra del alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), por su papel como anterior presidente del Consorcio.
Según IU, como presidente del Consorcio, el actual alcalde de Casariche "firmó un contrato directo por valor de 1.478.160,86 euros con una empresa privada, sin el más mínimo procedimiento administrativo, tal como le imputa la Fiscalía" y transfirió dos camiones "a la empresa Magno Ambiental Levante sin procedimiento administrativo ni que conste ingreso".
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