La junta de gobierno de la Diputación de Sevilla ha aprobado la resolución de concesión de subvenciones del Programa de Empleo para la Prevención de la Exclusión Social, hasta ahora conocido como Plan de Urgencia Municipal (PUM), una vez que han confirmado "la totalidad de los ayuntamientos" de la provincia que "cofinanciarán el citado programa", gestionado por el Área de Cohesión Social e Igualdad.
En esta anualidad, la iniciativa contará con una aportación de Diputación de cinco millones de euros, a la que los ayuntamientos sumarán, entre todos, otros 806.000 mil euros. En este sentido, el nuevo programa para la Prevención de la Exclusión Social se enfoca a facilitar recursos a familias "con grave problemática socioeconómica" con el fin de evitar situaciones de exclusión social; mejorar situaciones de personas en exclusión --mediante intervenciones en el ámbito comunitario-- y dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual situación económica.
El programa también persigue incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres; contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior y realizar pequeñas obras de interés social para el municipio o Entidad Local Autónoma (ELA).
En cuanto a las contrataciones a realizar por las Entidades Locales, cumplirán la normativa vigente para las administraciones públicas en materia laboral y seguirán la modalidad de contrato por obra o servicio determinado por períodos comprendidos entre 15 días y tres meses de duración. Para la distribución del mencionado programa, las asignaciones a cada ayuntamiento se han realizado teniendo en cuenta el dato del número de demandantes no ocupados actualizado a mes de marzo, para ajustar lo máximo posible esas cantidades a la realidad de cada localidad. Además de la aportación provincial, cada municipio ha cofinanciado una pequeña parte de la iniciativa.
Por otra parte, la junta de gobierno también ha conocido las cuantías de las transferencias realizadas a los ayuntamientos correspondientes al Fondo Social Extraordinario. Así, el Gobierno financió unas cuantías para que las comunidades autónomas las transfirieran a los ayuntamientos, a través de las diputaciones, como medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto social y económico ante la situación originada por el Covid-19.
En este sentido, al a Diputación se le asignó la cuantía de 2 millones de euros, de los que 1,4 millones transfiere a los ayuntamientos para que directamente se ocupen de ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias y asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ayudas de emergencia social. Y, por otra parte, para reforzar los servicios de ayuda a domicilio, así como la adquisición de medios de prevención tanto para personas usuarias como para trabajadores de servicios sociales.
Por último, el comunicado añade que la Diputación, con la cantidad de 618.000 euros se encargará de reforzar las plantillas de los centros de Servicios Sociales en el caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.
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