La llamada desescalada , esto es, la progresiva minoración de los efectos de este ilegal confinamiento a que el virus y el Parlamento español nos han sometido, se atuvo en un principio a una serie de fases que, manejadas algunas con clara influencia de filias y fobias políticas, fue perdiendo credibilidad hasta el punto de que decisiones trascendentes (piénsese, por ejemplo, en la torpe maniobra de ahuyentar el turismo internacional) se adoptan sin expresión de los criterios que las motivaron y con la misma falta de motivación se dejan sin efecto por la mera voluntad -previa serena reflexión, imagino- de quien dirige los destinos de España, formalmente al menos.
Como suele ocurrir, la Administración de justicia ha sido una de las instituciones más claramente perjudicadas. Cuando se acuerda el Estado de Alarma y España se paraliza, ya era conocido el atasco que la mayoría de los organismos judiciales presentaban. Me consta que muchos magistrados aprovecharon la “vacatio” para preparar sus ponencias, que se harían luego públicas tras las oportunas deliberaciones. Pero de la Justicia ninguna Administración se ocupaba y ahora, de prisa y corriendo, se procura subvenir a un problema que agobia a tantos españoles, a los operadores y que afecta a la seguridad jurídica, valor constitucional de primer orden.
Aún hoy se hallan realizando mediciones en los locales, para procurar inventarse espacios que permitan la parafernalia defensiva ante la contaminación y retrasando por ello el funcionamiento de los órganos y la realización de la propia Justicia.
Ese escollo al que ahora se encuentran pasmados debería ser conocido por las Administraciones Públicas, especialmente por la denominada prestacional, la autonómica, obligada a facilitar los elementos humanos y materiales esenciales para un devenir satisfactorio de tan crucial servicio público.
No lo hicieron nunca, no quisieron nunca mirar hacia ese valor constitucional que les conminaba y ahora se hallan en una encrucijada imposible de solucionar a la hora de compatibilizar su secuencia con la salud comunitaria.
Y no me refiero solo a los elementos materiales imprescindibles de defensa personal ante el contagio. Me refiero a otra cuestión que, se mire como se mire, no tiene arreglo, el espacio, el hábitat en que se mueven funcionarios, procuradores, letrados y otros colaboradores. Mi nostálgica referencia me lleva a la Sala de lo Contencioso Administrativo en la que tanto tiempo he batallado contra estas situaciones. Siendo grave, lo de menos ahora es que los magistrados sigan hacinados en despachos reducidos, de cuatro en cuatro, algunos de los cuales casi no pueden acceder a su mesa por la apretura de los muebles.
Importa la situación de los funcionarios, cuyo hacinamiento se traduce en el hecho incontestable de que en un despacho de discreta amplitud se hallen prestando servicio ante el público siete u ocho sin distancia entre sus mesas. Esta realidad no tiene arreglo. Es una afirmación objetiva.
Si se acude a otros servicios públicos, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Jefatura de Tráfico, etcétera, hallaremos instalaciones adecuadas, luminosas, suficientes… Alguien se ocupó de ello. Mas entrar en la mayoría de las instalaciones judiciales es retrotraerse en el tiempo, vivir la realidad misma que soportaron generaciones pasadas, aderezadas de chapuzas y remiendos que las hacen más insufribles todavía.
Resulta profundamente injusto que al día de hoy (están trabajando con la tercera parte de la plantilla, por el momento) a ningún dirigente político parezca importarle verdaderamente que los ciudadanos no puedan esperar con razonable celeridad la respuesta a sus demandas, si se le otorga la conformidad de la ley a su pretensión o si no es ésta compartida por el tribunal.
Esta secular situación se agravará de manera angustiosa en estos tiempos inmediatos y debería exigirse responsabilidades a quien por su dejadez, displicencia o desprecio permiten este estado de injusticia manifiesta y ese soberbio desdén por la seguridad jurídica de los españoles.
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