El Ayuntamiento de Carmona (gobernado por el PP) está decidido a dar solución a un “problema heredado que ha tenido su origen en una generalizada indisciplina urbanística”. Amparándose en el Decreto Ley de la Consejería de Fomento de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, el Gobierno carmonense ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP del pasado 13 de marzo, el día antes del estado de alarma en España por el coronavirus) la ordenanza con la que regula los trámites y pasos que deben seguir los propietarios de viviendas irregulares para obtener la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), el primer paso para conseguir la regularización.
Esta figura “no supone una legalización de las viviendas sino el reconocimiento de una situación de irregularidad y permite a los propietarios acceder al registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el alcantarillado, así como la posibilidad de hacer obras de conservación y mantenimiento”, tal y como explicó la Consejería de Fomento en un comunicado emitido en septiembre del año pasado.
Carmona es uno de los municipios andaluces con mayor número de viviendas en una situación irregular, en torno a las 5.000 (40 urbanizaciones). Por eso, y aunque el Gobierno de España ya ha anunciado que estaría dispuesto a presentar un recurso de inconstitucionalidad por “discrepancias legales”, el Ayuntamiento que preside Juan Ávila quiere ser el primero de los Consistorios afectados en abordar una solución a las “tremendas insuficiencias” de servicios que tienen los propietarios de las miles de viviendas irregulares que hay en su término. Deficiencias que, desde una perspectiva medioambiental, han supuesto la “proliferación de pozos negros, ciegos e ilegales”, cita textualmente la ordenanza ahora en exposición pública.
El Gobierno y la Consejería de Fomento tienen hasta finales del mes de junio para sentarse a negociar el Real Decreto. La pandemia del coronavirus ha trastocado todas las agendas y plazos.
Podrán solicitar la declaración AFO las casas terminadas sin licencia o habiendo incumplido las condiciones de la misma; o aquellas en las que exista la “imposibilidad legal o material” de devolver a la realidad física alterada, “siempre que la indemnización por equivalencia haya sido íntegramente satisfecha”, entre otros supuestos.
Quedan fuera, no obstante, de este primer paso para su regularización, aquellos inmuebles que han sido levantados “en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, salvo que previamente los propietarios de tales edificaciones hubieren adoptado las medidas establecidas por la administración competente para evitar o minimizar dichos riegos, las cuales se determinarán mediante órdenes de ejecución”, señala la ordenanza. Tampoco podrá solicitar el AFO las edificaciones que no reúnan las “condiciones mínimas de seguridad y salubridad”.
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