CGT ha denunciado este lunes que las plantillas de los centros de trabajo de Sevilla del sector de los teleservicios afrontan estos días un "grave riesgo para la salud", dada la "inobservancia" de las empresas del sector respecto a las medidas preventivas promovidas contra la propagación del coronavirus Covid-19, que ha motivado ya la declaración del estado de alarma en toda España.
Rafael Delgado, delegado de CGT en la plataforma sevillana de la multinacional de teleservicios Sitel y responsable del área del sindicato correspondiente a dicha actividad, ha explicado a Europa Press que las plantillas de las empresas del sector de los teleservicios radicadas en Sevilla están atravesando momentos "muy complicados", como consecuencia de la "inobservancia" por parte de dichas empresas de las medidas preventivas promovidas contra la propagación del coronavirus Covid-19, que suma ya 9.191 contagios en toda España, 554 de ellos en Andalucía y 84 de los mismos en Sevilla.
Según ha detallado, pese a las directrices emitidas desde las autoridades, en los centros de trabajo de las citadas empresas "no se respeta la distancia mínima de un metro entre el personal, que carece además de una ventilación adecuada y no hay una desinfección eficaz de las zonas comunes ni de los puestos de trabajo", en un contexto en el que los mismos son compartidos dados los turnos rotatorios. Así, cada ordenador, teclado, ratón y auriculares son usados por más de una persona, según alerta.
A tal efecto, Rafael Delgado ha precisado que el grupo Konecta cuenta con casi 4.000 empleados en la provincia, Sitel con unos 1.500, Teleperformance con casi 1.800 y Transcom con unos 1.200, con lo que esta situación está afectando a "miles y miles" de personas. Según Rafael Delgado, no sólo se trata de que los empleados de estos centros de trabajo "puedan contagiarse" en su actividad laboral, sino que además los mismos pueden "llevar el coronavirus a sus hogares" y continuar con la cadena de contagios.
"Las empresas evitan tomar medidas efectivas como el teletrabajo, a pesar de el mínimo coste que esto supone", ha dicho, informando de que aunque los representantes de las plantillas afectadas han elevado el asunto a la Inspección de Trabajo, dicha instancia aún no ha dado ninguna "respuesta", si bien sí han mediado visitas de la Policía Nacional y la Policía Local a diferentes centros de trabajo.
"Una vez más, un sector vulnerable, feminizado y precario sufre las políticas empresariales más lesivas contrarias a los derechos", ha enfatizado.
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