Actualizado: 15:17 CET
Domingo, 05/04/2020

Sevilla

Una técnica del laboratorio de Magrudis defiende el plan de control

Esta mujer ha declarado como testigo y reconoce que la empresa no le informó del positivo en listeria que había ocurrido en el mes de febrero

  • Nave de Magrudis.

Una técnico de la empresa de laboratorio responsable del plan de autocontrol en Magrudis ha declarado como testigo este martes ante la juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el caso tras el brote de listeriosis producido el pasado verano, y ha precisado que la empresa no le informó del positivo en listeria ocurrido en febrero.

Durante su declaración, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, esta mujer ha precisado que el plan de autocontrol que tenía Magrudis era "correcto" pero ella "adapta a la nueva normativa todo lo nuevo que se estaba haciendo".

Esta empresa empezó a gestionar este plan de autocontrol el pasado mes de febrero al cambiar Magrudis de proveedor pero "en ningún momento" informan de que habían tenido un positivo. Ya en agosto, el día 14, se trasladó a la empresa y comprobó que "habían estado allí inspectores del Ayuntamiento y que habían dado órdenes de limpieza en las instalaciones".

De igual manera, ha precisado que "los técnicos veterinarios municipales sólo se llevaron muestras de carne mechada y no de otros productos", que ella sí recogió y que "también dieron positivo", así como que también dio positivo en "los conductos del aire acondicionado de la sala de envasados, en la mechadora y en el horno".

Cabe recordar que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado a la juez una fianza de más de 3,4 millones de euros, y en su defecto la realización de embargos, cantidad en la que ha tasado la Administración autonómica el perjuicio y los gastos causados por el brote en los hospitales públicos andaluces, así como que tanto Sandro José Marín Rodríguez como su padre, el 'administrador de hecho' de la empresa, José Antonio Marín Ponce, siguen en prisión provisional por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

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