El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha elaborado un informe en el que analiza el movimiento de asuntos durante el pasado año 2019 por jurisdicciones y en el que pone de manifiesto las necesidades de la planta de los juzgados de Sevilla, solicitando en este sentido la creación de 30 nuevos juzgados o plazas judiciales y de un segundo Registro Civil en la capital hispalense.
En este sentido, está previsto que el próximo día 31 de marzo de 2020 entren en funcionamiento tres de los juzgados que reclama, como son los juzgados de Primera Instancia número 30 (Familia), de lo Penal número 16, que estaría especializado en materia de violencia de género, y de lo Social número 12.
En primer lugar, el juez decano expone que los 13 Jueces de Adscripción Territorial (JAT) destinados en la provincia han asumido funciones de sustitución y refuerzo en los juzgados de la capital, siendo su número “claramente insuficiente a la vista de que es preciso mantener y/o establecer medidas de refuerzo en juzgados de diverso orden”.
Seguidamente, analiza la situación de los 20 juzgados de Instrucción de Sevilla, en los que en 2019 entraron un total de 57.644 asuntos -frente a los 57.221 de 2018-, más una media por órgano de 145 exhortos, señalando que “dada la tramitación de las macrocausas o complejas es necesaria” la creación de dos juzgados nuevos y mantener, en su caso, los refuerzos existentes.
En este sentido, el juez decano subraya la necesidad de la puesta en funcionamiento de un nuevo Juzgado de Guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves, dado que, “pese a la celebración por cada uno de los juzgados que prestan ese servicio de 15/30 juicios diarios, los señalamientos están diferidos a más de cuatro meses”, lo que supone, a su juicio, “una abierta contradicción con lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
En cuanto a los 15 juzgados de lo Penal existentes en Sevilla, Francisco Guerrero señala que cada uno de ellos conoció de media durante 2019 de 497 asuntos para enjuiciamiento -en 2018 fueron 531-, de forma que superan el módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un 24,28 por ciento -32,8 por ciento en 2018-, a lo que se suman las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevén que los juzgados de Instrucción puedan remitir sentencias dictadas por ellos para su ejecución por los órganos de lo Penal.
Según expone el juez decano, como consecuencia de esta posibilidad legal, los juzgados de lo Penal van a conocer de 3.549 ejecutorias nuevas con dicha procedencia, además de las que cada Juzgado incoe derivadas de sus propias sentencias, por todo lo cual considera que deberían crearse al menos cuatro juzgados, incrementar la plantilla de funcionarios y, en todo caso, establecer un refuerzo de estos con la finalidad de “normalizar el trámite a la vista del exceso de ejecutorias incoadas”.
En este punto, Francisco Guerrero indica que, además del Juzgado de lo Penal número 16 cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 31 de marzo y que estaría especializado en materia de violencia de género, “es urgente la creación de otro más” especializado en dicha materia en virtud de las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 5/2018.
Juzgados de Primera Instancia
De otro lado, el juez decano analiza también el caso de los 23 juzgados de Primera Instancia no especializados y señala que durante 2019 les fueron repartidos 47.516 asuntos -44.599 en 2018- y por ello cada Juzgado conoció de 2.066 asuntos -1.939 en 2018-, cuando el módulo de entrada fija un máximo de 1.200 asuntos por cada órgano judicial, de forma que se supera el módulo en un 72 por ciento, por lo que, “por razones de prudencia, convendría crear siete juzgados o plazas judiciales más, siendo preciso contar con un número suficiente” de jueces de adscripción territorial.
En este sentido, resalta que, a dicha cifra, deberían sumarse los 10.325 asuntos de entrada hasta 2018 referidos a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, asumida la competencia por el órgano Bis de enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 10 y que a partir del 30 de junio de 2018 fue asumida la competencia de dicha materia por el Juzgado número 29, de nueva creación y con competencia exclusiva y excluyente. A todo ello, procede sumar los 5.337 referidos a esta clase de entrada en 2019.
Todo ello, según indica Francisco Guerrero, supone un 861,5 por ciento más de asuntos de esta materia en las primeras cifras relativas a 2018 y de un 445 por ciento con la entrada registrada el pasado año, respecto al módulo de entrada fijado por el CGPJ, por lo que en este ámbito de juzgados especializados en cláusulas abusivas “deberían crearse un total de, al menos, diez plazas judiciales debidamente dotadas de medios”, esto es, a los ya existentes sumarles otras siete plazas.
Al hilo de ello, el juez decano considera “insuficiente” el número de magistrados/jueces de refuerzo, incluso con la incorporación de un nuevo magistrado/juez de adscripción territorial, “cuyo refuerzo ha dejado sin éste a los juzgados de lo Penal”.
Respecto de los juzgados de Familia, un total de cinco actualmente, el juez decano explica que les correspondería conocer de un máximo de 1.323 asuntos, no obstante lo cual se han repartido a cada uno de ellos 2.130 asuntos, frente a los 2.065 de 2018, “lo que supone una desviación del módulo en un 61 por ciento” y “exige la creación de dos juzgados más”, uno de los cuales comenzará a funcionar el 31 de marzo pero que el juez decano estima “insuficiente”.
Asimismo, y para atender los señalamientos y salidas de internamientos voluntarios, “es preciso, al menos, mantener el refuerzo de un magistrado, preferentemente de los jueces de adscripción territorial”.
El juez decano, igualmente, analiza la situación de los once juzgados de lo Social, a los que en 2019 les fueron repartidos 15.852 asuntos -14.191 en 2018-, lo que supone una media de 1.441 por cada Juzgado y una variación sobre el módulo de entrada (800) del 80 por ciento, por lo que, “para equilibrar la situación, sería necesaria la creación de seis nuevos juzgados de lo Social”. Además, en esta jurisdicción “se precisa mantener el refuerzo, que ha sido disminuido, siendo claramente insuficiente la próxima creación del Juzgado número 12”.
Situación de los edificios judiciales
En relación a los tres juzgados de lo Mercantil, el juez decano manifiesta en su informe que el módulo de entrada de asuntos para estos juzgados está fijado en 435 asuntos, pero en 2019 entraron un total de 3.150 -2.505 en 2018-, lo que determina que cada órgano conozca de un 141 por ciento de asuntos más, un porcentaje que “se viene repitiendo anualmente desde la última crisis económica (un 92 por ciento más de asuntos en 2018)” y que hace necesaria la creación “de forma inmediata” de dos nuevos juzgados y el mantenimiento de las medidas de refuerzo vigentes.
El juez decano no considera necesaria, en la actualidad, la creación de nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer, de Menores, de lo Contencioso-Administrativo y de Vigilancia Penitenciaria.
Francisco Guerrero, en su informe, también apuesta por aumentar la plantilla de funcionarios, “especialmente en aquellos juzgados que han visto superada con mucho la entrada de asuntos y con las ejecuciones (juzgados de Primera Instancia, penales y sociales)”, considerando “indispensable” que la Administración prestacional mantenga los refuerzos de funcionarios ya asignados a los juzgados de lo Mercantil, de lo Penal y Sociales.
Respecto del Juzgado Decano, Francisco Guerrero ve necesario incrementar en cuatro plazas los funcionarios de Cuerpo de Auxilio.
El juez decano también analiza la situación de los edificios judiciales y manifiesta que, “hasta la construcción de la Ciudad de la Justicia, o el proyecto que se estime adecuado, deben acometerse obras de reforma del edificio” de los juzgados del Prado de San Sebastián, el cual “resulta manifiestamente inadecuado parta la prestación del servicio público”.
A su juicio, este edificio “tiene carencias sobradamente conocidas, tanto en materia de seguridad, accesibilidad, climatización, oficinas judiciales, salas de vistas, y lo que es más importante, respecto de los ciudadanos que acuden al mismo, ya que no existen siquiera salas adecuadas para la protección de testigos y partes”.
Además, pide acometer obras de adecuación en el Edificio Noga, “que resulta insuficiente con el diseño actual para albergar los juzgados de lo Social y Penal”, y en concreto considera que “deberían utilizarse todos sus espacios actualmente sin ocupar, evitándose así la acumulación de funcionarios”.
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