El Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado el apeo de cuatro árboles de gran tamaño en el cementerio de San Fernando, como paso previo al inicio de los trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja del cementerio de San Fernando, donde, según el historiador José Díaz Arriaza, podría haber restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936.
Concretamente, se trata de una palmera washingonia (Washingtonia robusta), de 16 metros, y de tres cipreses (Cupressus sempervirens), de 12, 14 y 16 metros de altura, respectivamente, y de entre 126 y 152 centímetros de perímetro circular.
En este sentido, el expediente, recogido por Europa Press, se autoriza su apeo para poder llevar a cabo la exhumación, preservación y custodia de estos restos óseos, teniendo en cuenta que los estudios previos constatan que hay restos en la superficie, pero también se prevé que las excavaciones pudieran llegar a los cuatro metros de profundidad.
Por ello, indica que "se hace necesaria la eliminación de los ejemplares", todos ellos en "buen estado de conservación", al considerarse "inviable" cualquier operación de trasplante ante la "imposibilidad de poder realizar trabajos a nivel radicular o de suelo y el peligro de desplome que implicaría la persistencia de los ejemplares en el lugar", una vez comiencen las excavaciones, que se prevé que alcancen los cuatro metros de profundidad. Esta decisión se basa en los informes del Servicio Técnico de Parques y Jardines del día 18 de noviembre de 2019.
En este sentido, la memoria de la intervención recomendaba
la "tala de la arboleda de gran porte" existente sobre el espacio ajardinado de Pico Reja, el "recorte y desmonte de la arboleda de mediano y pequeño tamaño" y el "desmonte del cuerpo de nichos de la calle San Eduardo, del mobiliario urbano y del pavimento perimetral".
Según historiadores como José Díaz Arriaza, la fosa de Pico Reja podría acoger los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, figurando entre las víctimas miembros de la corporación municipal de la época, algunos alcaldes e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado en agosto de 1936.
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