Una de las principales acusadas de estafar 700.000 euros a 75 conocidos y cercanos, a los que proponía, junto con otras tres personas, la realización de inversiones con sus ahorros o del metálico que dispusieran con la promesa de hacerlos llegar a una sociedad inversora radicada en Barcelona, ha aceptado un año de prisión y el pago de una multa de 1.000 euros tras llegar las partes a un acuerdo.
En declaraciones a Europa Press la abogada de varios perjudicados, Paloma Pérez Sendino, ha precisado que A.B.G.A., ha aceptado esta pena, mientras que otra de las principales acusadas D.S.G., no ha sido juzgada al estar enferma tras sufrir un ictus y lo será en las próximas semanas.
A los otros dos acusados el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla los condena a siete y a cinco meses de prisión, respectivamente, como cómplices, así como al pago entre todos, como responsabilidad civil subsidiaria, de casi 800.000 euros.
Según reza en el escrito de acusación, para estas personas, en concreto para tres de ellas, la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa y una multa de 6.000 euros, y un año de cárcel y una multa de 1.200 para el supuesto cómplice, J.D.G.A.
En concreto, las acusadas D.S.G., y A.B.G.A., --constándole a la primera antecedentes penales por estafa-- con la intención de obtener un beneficio económico a costa de lo ajeno, aparentando conocimiento y relaciones con empresas dedicadas a la inversión de capitales en bolsa, derivados del petróleo u otras operaciones financieras que generaban gran rentabilidad, desde el año 2011 obtuvieron pequeñas cantidades en efectivo para supuestas inversiones de personas conocidas y cercanas al entorno de una de ellas.
Todo ello con la promesa de hacerlos llegar a una sociedad inversora de Barcelona en la que obtendrían una rentabilidad que aseguraban podía llegar del 20 al 50 por ciento del capital invertido en tan solo un mes, de forma que para dar seguridad al engaño comenzaron a pagar la rentabilidad prometida con las cantidades recaudadas de otros inversionistas, consiguiendo generar confianza en terceros sobre la seriedad y solvencia de las operaciones que realizaban, obteniendo así numerosas captaciones de entornos en los primeros clientes.
CREARON DOS EMPRESAS
Conseguido el primer objetivo, continua el escrito, tanto para aparentar seriedad como para ocultar la ausencia de inversiones, los acusados constituyeron mediante escritura pública una entidad, domiciliada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con 4.000 euros de capital social, dividido en 40 participaciones de 100 euros cada una.
Al mismo tiempo abrieron un establecimiento al público en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde supuestamente se centralizaban y desarrollaban las actividades de inversión, al tiempo que para disimular la ausencia de actividad real, en octubre de 2011 dieron de alta a la sociedad en IAE tanto en servicios de propiedad inmobiliaria como de comercio al por menor y arrendamiento de vehículos terrestres y fluviales y de peluquería de señoras y caballeros, actividad que constituía la profesión real de una de las acusadas.
A su vez, el fiscal remarcaba que las acusadas D.S.G., y A.B.G.A., habían estado auxiliadas y ayudadas en esta puesta en escena y con conocimiento de la ausencia de inversión por el hermano de una de ellas para captar inversores e informar a los mismos de su rentabilidad a quienes realizaban entregas para hacerlas llegar a estas dos mujeres, quienes disponían para sí y sus familiares acusados del metálico entregado, que supera los 700.000 euros atendiendo a las cantidades que constan en recibos extendidos.
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