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Jueves, 12/12/2019
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Sevilla

Se acerca la sentencia de los ERE casi un año después del juicio

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla hará pública el próximo martes, a las 12,00 horas, la sentencia del juicio

  • chaves y griñán.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla hará pública el próximo martes, a las 12,00 horas, la sentencia del juicio de la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) contra los 21 acusados, entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La misma será entregada a los respectivos procuradores en un 'pen drive' en la propia sala, casi un año después del fin del juicio el pasado mes de diciembre, y no hará lectura pública del fallo.

Una vez en la sala, una funcionaria irá nombrando uno a uno a los 21 ex altos cargos acusados a los que irá llamando con su procurador y les entregará el pen drive con el contenido del fallo judicial, compuesto por unas 1.700 hojas.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no estarán presentes. Cabe recordar que hace unos días la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó una providencia con esta citación, según anunció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Precisamente el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala, el magistrado Juan Antonio Calle, y finalizó el plazo de dedicación exclusiva de este juez encargado de redactar la sentencia de la pieza política de esta macrocausa de corrupción, que comenzó a investigar en 2011 la juez del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

En concreto a estos ex altos cargos la Fiscalía les acusa de defraudar 855 millones de euros con la concesión de estas ayudas tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General.


Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas. Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

ACUSADOS DE PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.

En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos ex altos cargos.

De otro lado, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.

El abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el exinterventor general Manuel Gómez y exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.

MÁS DE UN CENTENAR DE TESTIGOS

Durante el juicio, tras la declaración de los 22 acusados --concluyeron en abril--, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral, siendo la prueba estrella del juicio la pericial conjunta.

Esta prueba pericial, que se extendió durante más de seis semanas, mostró las opiniones diferentes y por lo general contradictorias entre los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los propuestos por las defensas, y contó con el especial protagonismo del jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión.

Además, esta prueba, "la base de las acusaciones", según han expresado muchas de las defensas en sus informes finales, fue impugnada por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que ejerce la representación procesal del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por tratarse de una pericial "judicial", una decisión que contó con la adhesión de gran parte de las defensas.

"UNA EXPERIENCIA VITAL"

Tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal abrió el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes.

Así, Chaves afirmó que no tenía "nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas", indicando además que había sido "un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital", mientras que Griñán mostró su "pleno convencimiento y apoyo" a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala. En aquellas fechas el juicio quedó visto para sentencia, que se hará publica este martes.

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