La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el convenio con la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla para acometer los trabajos de exhumación e identificación genética de los cuerpos de la fosa común de Pico Reja, en el Cementerio de San Fernando, donde se estima que están los restos de más de 1.100 personas que fueron represaliadas durante la guerra civil y en los años posteriores de la dictadura franquista.
Concretamente, tal como han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el Ayuntamiento aportará la mayor cuantía, 680.000 euros, mientras que la Junta y la Diputación consignarán 265.000 euros cada una. En total, son casi 1,2 millones de euros que se desarrollarán en cuatro anualidades.
Así, teniendo en cuenta que ya fue adjudicada la ejecución de estas actuaciones a la empresa vasca Aranzadi y que el contrato se firmó este lunes, la concejal delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño (PSOE), ha indicado que la labor sobre el terreno arrancará en diciembre.
Castaño se ha pronunciado de este modo en su intervención en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno de Sevilla, en la que ha sido cuestionada por el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja sobre la existencia de la Oficina de Memoria, que el concejal considera que "es prescindible" al entender que el Ayuntamiento "no tiene competencias en la materia, sino que son de la Junta de Andalucía".
Al respecto, Castaño deja claro que sí tiene competencias, ya que de no hacerlo "no se podrían desarrollar las políticas que se están haciendo ni el interventor permitiría un pliego para un contrato de 1,2 millones".
"Vamos de la mano de la Junta y de la Diputación, con consenso, dialogo y no confrontación", afirma, incidiendo en que "no sólo vamos a continuar con esa oficina, que es necesaria, sino que se ha avanzado en la exhumación de Pico Reja". Así, señala que en diciembre empezará la apertura de esta fosa común "para dar dignidad al padre de la patria andaluza, Blas Infante, a la corporación asesinada en el 36 y a los más de mil sevillanos que están en esa fosa".
En su opinión, "el trabajo no ha terminado" en esta oficina, que tiene "más razón de ser que nunca", tras haber atendido ya a más de 200 víctimas y realizar tareas que incluyen la comprobación de la ubicación de los cuerpos, en los registros e investigaciones disponibles, explicando los protocolos a las familias o poniendo en marcha los mecanismos de recogida de ADN y de su envío a Granada.
De su lado, García, que ha asegurado que Vox "no se opone a localizar a todos los fallecidos de la guerra", ha insistido en que "administrativamente es competencia de la Junta y no está justificada la creación de una oficina para esto". Considera que los ayuntamientos son "meros colaboradores" y que no tendría que asumir tareas como la publicación de material divulgativo o realizar un programa educativo al respecto.
"¿Ese programa sobre memoria para la escuela es porque entienden que los profesores no enseñan historia o no la que les gusta?", concluye, preguntándose si es que se van a crear oficinas de "cuantas competencias sean del Ayuntamiento o de cualquier desgracia de nuestro pasado", poniendo como ejemplo la puesta en marcha de una oficina para "los afectados de la riada del Tamarguillo, los perjudicados de nevada del 54 o del aceite de colza".
ACTUACIÓN EN PICO REJA
Tal como informó en su momento el Ayuntamiento, el proyecto en Pico Reja se desplegará a lo largo de cuatro años en tres fases. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados, con la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados; exhumación, con identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto; antropología forense, fijando sexo, edad, patologías o anomalías; análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.
A continuación, la segunda fase de intervención consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista, mientras que la última fase será el destino final de los restos.
Con respecto a los cuerpos que efectivamente hayan sido identificados se respetará en todo momento el deseo de las familias. Sobre los restos no identificados y/o que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro.
Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de esta fosa. La adjudicataria, asimismo, deberá presentar una propuesta para la reconstrucción del enclave actual que incluya un columbario de homenaje a las víctimas.
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