El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de Adelante Andalucía que insta al conjunto de administraciones, "incluyendo" expresamente a la Justicia, a "resolver urgentemente cuantas cuestiones impidan la apertura" de la mina de Aznalcóllar, porque el proyecto implica una "inversión directa" de 400 millones de euros y un periodo de extracción de unos 30 años y la localidad y su comarca "necesitan" el estímulo económico y el empleo derivados de la iniciativa.
La moción ha sido defendida por el diputado de Adelante Antonio Valladares, concejal en el Ayuntamiento de Aznalcóllar, en presencia del propio alcalde de la localidad y además exminero, Juan José Fernández, también de Adelante, y otros ediles de esta localidad íntimamente ligada al yacimiento minero de Los Frailes.
En ese sentido, la propuesta de Adelante, recogida por Europa Press, expone que después de que la Junta de Andalucía licitase años atrás los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, --cerrado tras la catástrofe medioambiental protagonizada en 1998 por la sociedad Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa)--, la reapertura y explotación de la corta minera "ha tenido una serie de contratiempos, incluyendo dos instrucciones judiciales que pusieron en grave riesgo la inversión y que fueron archivadas en su día".
Al respecto, recordemos que tras ser adjudicados los derechos de explotación de la mina a México Minorbis, Emerita-Forbes Manhattan, entidad que también había pujado por la explotación de la corta minera, denunció a la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis.
Merced a dicha denuncia, la juez instructora del caso llegó a apreciar "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación, si bien en 2015 decidió archivar las actuaciones. No obstante, Emerita Resources y la organización Manos Limpias impugnaron dicha decisión ante la Audiencia de Sevilla, que tras una deliberación en la que fue ponente la juez Mercedes Alaya, instructora inicial del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ordenó la reapertura de la investigación.
SEGUNDA ORDEN DE REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN
No obstante, en marzo de este año, la juez instructora Patricia Fernández Franco resolvía de nuevo archivar las diligencias de investigación al no apreciar "responsabilidad penal" en los hechos indagados. Pero tras un nuevo recurso de la sociedad Emerita Resources ante la segunda decisión de archivo de las actuaciones, la Audiencia de Sevilla, de nuevo desde la sección en la que figura la juez Mercedes Alaya, volvía a ordenar a la juez instructora la reapertura de la investigación al entender que en los hechos median "poderosos indicios" de un supuesto delito de prevaricación.
En ese contexto, la moción de Adelante avisa de que la reapertura de la mina de Aznalcóllar "atraviesa un momento sumamente delicado y cualquier error técnico, dilatación innecesaria o injustificada puede dar al traste con el futuro y el empleo de una comarca que ha esperado pacientemente ante las diferentes dilataciones, vanas e injustificadas".
Así, señalando que el proyecto ha supuesto ya una inversión de 36,5 millones de euros y la creación de unos 40 empleos, implicando su desarrollo una "inversión directa" de 400 millones de euros y un periodo de extracción de unos 30 años, la moción insta principalmente "al conjunto de administraciones, incluyendo a la Administración de Justicia, a resolver urgentemente cuantas cuestiones impidan la apertura" de la mina, contando con otros puntos respecto tratamiento del mineral extraído y las garantías medioambientales.
UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS
Todos los grupos políticos de la Diputación, es decir el PSOE, el PP, Adelante, Cs y Vox, han manifestado su compromiso con el empleo y la prosperidad de Aznalcóllar y han apoyado la moción, exponiendo el diputado de Adelante Antonio Valladares que "lamentablemente, se ha vuelto a judicializar" la reapertura de la mina cuando la localidad y su comarca "necesitan" el empleo implícito en el proyecto y agregando el PSOE dos puntos adicionales al contenido original de la propuesta.
El portavoz de Vox, Rafael García, ha indicado eso sí que resulta necesario tener un "absoluto respeto a la Administración de Justicia", a la que no se debe "presionar" en su labor.
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