El Consejo de administración Mercasevilla ha aprobado acometer una ampliación de capital por cuatro millones para afrontar el calendario de pagos previsto en el convenio de acreedores aprobado por el juzgado en 2018 y también la implantación de un modelo de gestión directa 100 % pública.
La ampliación de capital será compartida por los dos accionistas: el Ayuntamiento de Sevilla, con 2,1 millones, y el Gobierno a través de Mercasa por importe de 1,9 millones, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.
Esta operación se ha aprobado este jueves en un consejo de administración de Mercasevilla, en el que se ha acordado también la implantación de un sistema de gestión directa de la empresa, garantizando su vida indefinida, y abandonando el modelo de gestión indirecta a través de una concesión que caducaba el próximo mes de junio de 2021, según el ayuntamiento.
Esto ha sido posible en virtud del acuerdo del pleno municipal para que la titularidad de Mercasevilla fuera 100 % pública a través de la adquisición en abril del contrato de compraventa del 0,17 % del accionariado que se encontraba en manos de la Asociación de mayoristas-asentadores de frutas, verduras y hortalizas de Sevilla
También el pasado mayo el ayuntamiento y Mercasa acordaron aportar los recursos financieros necesarios y modificar los estatutos sociales para adecuarlos a la situación de vida indefinida y de gestión directa.
Uno de los principales acreedores de Mercasevilla es Sando, que tiene pendiente de cobrar de esta lona por sentencias judiciales 22,5 millones por incumplimientos de contratos.
Con las medidas aprobadas hoy en el consejo de administración se avanza para garantizar la estabilidad a las 170 empresas y 2.000 empleados de la unidad, así como a los 2.100 minoristas y compradores que acuden diariamente a Mercasevilla para aprovisionarse y distribuir productos alimenticios en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Badajoz y el Algarve, ha asegurado.
Estos dos acuerdos deberán ahora ser ratificados en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que aprobó por unanimidad en abril de 2018 la propuesta para declarar el compromiso de continuidad de la actividad empresarial de prestación de servicio de mercados mayoristas con carácter indefinido.
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