En los casos del brote de listeriosis causado por la carne mechada de Magrudis y de los padres enjuiciados por la muerte de su bebé de seis meses se ha observado cómo los abogados defensores han acabado convirtiéndose en acusadores a las instituciones, al llevar hasta extremos insospechados su estrategia de defensa. El letrado del dueño de Magrudis ha declarado que la Justicia se ha equivocado al enviar a su cliente a prisión, ya que hay otras responsabilidades “paralelas” de las Administraciones por su “deficitaria vigilancia” de los productos comercializados. Esta aseveración es, salvando las distancias, como si el ladrón de un banco se exculpara con el argumento de que no estaba suficientemente vigilado por la Policía. Pero no fueron ni la Junta ni el Ayuntamiento quienes fabricaron la carne mechada contaminada, sino los empresarios.
Por su parte, el letrado del padre del bebé presuntamente asesinado y que ha intentado suicidarse en prisión, ha señalado a los médicos del Macarena y a los Servicios Sociales de la Junta por haber entregado a unos padres “sin preparación” un niño nacido prematuramente y enfermo. No fueron los médicos ni los asistentes sociales los que lo concibieron, sino esa pareja que, en última instancia, podría haberlo dado en adopción. Si les hubieran privado del bebé, como preconiza su abogado, los profesionales podrían haber sido acusados de secuestro.
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