El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha defendido la reactivación de la mina de Aznalcóllar como un proyecto relevante para la creación de empleo y riqueza para la provincia de Sevilla y Andalucía, pero cuya puesta en marcha debe realizarse "bajo la premisa del cumplimiento íntegro de la normativa aplicable con todas las garantías ambientales, urbanísticas y de seguridad de los bienes, las personas y el medio ambiente", ha señalado este miércoles durante su comparecencia en comisión parlamentaria.
Bravo ha enumerado todos los trámites administrativos que rodean a la reanudación de la actividad de la mina de Aznalcóllar: un plan especial desde el punto de vista urbanístico; una Autorización Ambiental Unificada (AAU) desde el punto de vista ambiental; una autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la concesión y el vertido de aguas; y la autorización sectorial del Proyecto de explotación y el Plan de Restauración.
El consejero de Hacienda, Industria y Energía ha explicado, sobre la tramitación administrativa, que se están examinando las alegaciones recibidas tras someterse el plan especial a información pública.
En la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, el proyecto se sometió a información pública a efectos medioambientales y sectoriales en marzo y abril de este año, las alegaciones recibidas se han trasladado a Minera Los Frailes, y se encuentran en estudio.
Respecto a las autorizaciones en materia de aguas, la autorización de vertidos y de concesión de aguas, el consejero de Hacienda ha señalado que son objeto de reuniones continuas con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cumplir con sus requerimientos.
"La Administración de la Junta de Andalucía ha continuado impulsando de forma continua y rigurosa, y así seguirá haciéndolo, el cumplimiento de todos y cada uno de los trámites para asegurar la viabilidad social, medioambiental y económica de Aznalcóllar, acompañando a la empresa para una adecuada solución a los diferentes requerimientos para contar con el mejor proyecto minero para Andalucía", ha señalado el consejero.
El responsable de Hacienda ha pedido el apoyo a los grupos parlamentarios para que, a la mayor brevedad posible, el proyecto de explotación de la mina pueda ver la luz y la generación de empleo y riqueza en la zona sea una realidad inmediata, con todas las garantías, jurídicas, económicas, sociales y medioambientales que sean necesarias.
NOVENTA MILLONES EN PASIVOS AMBIENTALES
La empresa que operará la nueva explotación minera de Aznalcóllar, Minera Los Frailes, se hará cargo de los pasivos ambientales, para dar una solución definitiva a éstos, ya que, una vez que termine sus labores mineras y se autorice el abandono de labores no se dejará un pasivo ambiental para la ejecución subsidiaria de la Junta. Durante los casi 14 años que duró la gestión de los pasivos por la Junta, los costes rondaron los 90 millones de euros, que se han situado en unos 850.000 euros por ejercicio en los últimos años .
El proyecto incluye la rehabilitación de las áreas afectadas por la nueva operación minera, así como a las afectadas por la actividad anterior. Estas áreas se convertirán en espacios naturales que darán continuidad al Corredor Ecológico del Guadiamar, extendiendo la superficie a restaurar a lo largo de 380 hectáreas con actuaciones de recuperación de suelos, revegetación y reforestación, entre otras.
"Todo ello supone que la empresa Minera Los Frailes y el nuevo proyecto minero no va a dar lugar a un mayor deterioro la zona, sino que rehabilitará y mejorará el entorno que lamentablemente resultó devastado por el accidente causado por Boliden", ha precisado el consejero.
La corta será transformada en una mina 100% subterránea. Los estériles y lodos derivados de la operación serán tratados para convertirlos en pasta cementada con propiedades estructurales que se reutilizará para ir cubriendo los huecos de la mina subterránea.
Se prevé que el proyecto, en términos de inversión, movilice 304,6 millones de euros y cree unos 2.000 empleos directos, indirectos e inducidos en los próximos 30 años con la puesta en marcha de la mina.
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