Los dos varapalos del Tribunal Supremo al proyecto de dragado en profundidad del río, que queda anulado de derecho además de hecho ya por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Gracia, han provocado un giro copernicano en la política de este organismo. Así lo demuestra la cumbre sin precedentes mantenida por el sucesor de Gracia, Rafael Carmona, con la plana mayor de los arroceros para establecer vías de colaboración en un doble sentido: mejorar la navegabilidad del Guadalquivir y la modernización de los arrozales. A ello se une el llamamiento de Carmona a los ecologistas para que hagan sus aportaciones a la mejora del estuario.
Es la constatación de que la Autoridad Portuaria piensa ya en clave global y no sólo con una visión unilateral y reduccionista de que tenía el monopolio del río y de que éste estaba a su único y exclusivo servicio, como si no existieran otros municipios ribereños además de Sevilla, el parque nacional de Doñana (Patrimonio de la Humanidad), las tablas de arroz, los pescadores y los ecologistas. El giro copernicano de la Autoridad Portuaria consiste en la comprensión de que el río no está subordinado sólo al puerto, sino que nos pertenece a todos y que hay que conciliar todos los intereses en juego bajo la premisa de la sostenibilidad ambiental, porque el mayor valor es un río vivo y no en riesgo de muerte ecológica tal como alertaron los científicos.
