El Tribunal Supremo ha anulado nuevamente el marco legal que posibilitaba el dragado del río Guadalquivir recogido en la última reforma de su Plan Hidrológico prevista en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. Con esta nueva decisión judicial van al traste todas las opciones que tenía la ciudad de Sevilla de potenciar su área portuaria, única en España, en pos de los intereses medioambientales, cuya defensa se pretendía con el recurso planteado por WWF.
Nos encontramos con el eterno conflicto de intereses entre el progreso industrial y la protección del medio ambiente, que tantos quebraderos de cabeza trae a los políticos, pero es que el Tribunal Supremo acaba con la posibilidad de dragar el río precisamente por la torpeza de estos últimos ya que fundamenta su decisión en la insuficiente redacción del Plan en cuanto a las medidas paliativas para contrarrestar el impacto de semejante actuación en el ecosistema, más si cabe cuando estamos hablando del entorno de Doñana.
Descargo por ello la responsabilidad de tan mala noticia no en la ferviente defensa de las organizaciones para la protección del medio ambiente, cuya posición es loable, legítima, y sobre todo necesaria, sino en la incompetencia de la propuesta de la Administración que sabía de antemano con la fuerza con la que iban a rebatir sus argumentos jurídicos y técnicos, más si cabe cuando el dragado previsto en el Plan de 2013 ya había sido anulado cuatro años antes. Pues bien, ni con esas, tenemos que de nuevo se ha llevado al traste un proyecto imprescindible para la ciudad.
El dragado técnicamente es viable, y con las previsiones adecuadas es perfectamente compatible con el entorno tan delicado en el que se proyecta, pero ahora habrá que volver a esperar mientras el potencial que ofrece el único puerto fluvial de España se esfuma para jactancia de otras potencias portuarias vecinas.
Estamos hablando del ingente turismo de cruceros, proyectos en la rivera del Canal de Alfonso XIII como Sevilla Park o la licitación de las naves de La Raza, y sobre todo el desarrollo comercial e industrial en torno a la Zona Franca, así como alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos cuyo futuro ahora queda en el aire ya que, desgraciadamente, la naturaleza es más implacable aún que la justicia.
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