El presidente de la Diputación de Sevilla -cuyo pleno de constitución todo apunta a que será el próximo 15 de julio- ya tiene perfilada la estructura del equipo que le acompañará los próximos cuatro años y cuáles serán los raíles por los que circulará este nuevo Gobierno.
La lucha contra la despoblación en el medio rural y la digitalización de los municipios impregnarán todas las políticas que se impulsen desde el organismo provincial. Fernando Rodríguez Villalobos creará dos oficinas específicas para el desarrollo de la Sociedad de la Información en la provincia, de un lado; y para “frenar y mitigar los efectos que el despoblamiento pueda tener sobre determinadas zonas del territorio”, según ha podido saber este periódico.
Los efectos de la pérdida de población son ya de una magnitud importante en algunos puntos de la provincia. Es el caso de Sierra Morena, que ha perdido el 8,35% de su población entre 2007 y 2017. En el caso de la Sierra Sur, esa caída ha sido más leve, de un 0,15% en ese mismo periodo de tiempo. Hay casos puntuales, sin embargo, como El Madroño, Villanueva de San Juan o Nicolás del Puerto donde el descenso oscila entre el 18,7%, al 12%, respectivamente.
Frente a esta realidad, el presidente de la Diputación está convencido de que lo digital pasa por ser “parte importante del antídoto al despoblamiento”. Las dos oficinas que se constituirán en este nuevo mandato tendrán el encargo de “fijar objetivos, hacer seguimiento y evaluar las iniciativas que se propongan en ambas materias”.
Serán dos unidades que trabajarán de manera coordinada con todas las áreas del Gobierno supramunicipal, cuyas iniciativas políticas y de intervención en los pueblos tendrán siempre un enfoque de lucha contra la despoblación con la incorporación de las nuevas tecnologías. Para ello, Villalobos planteará inversiones concretas para avanzar en la simplificación normativa para los pequeños municipios; “eliminar los estereotipos” y resaltar la imagen de los territorios más afectados por los riesgos demográficos; incorporar los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado; y alinear todo ello con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
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