El Partido Popular del municipio sevillano de Bollullos de la Mitación ha alertado del "caos laboral" que asegura que se está produciendo en el Ayuntamiento de la localidad como consecuencia de la "falta de programación y planificación del equipo de gobierno" para aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), así como "otras irregularidades" que afirma que vienen reflejadas en sendos informes de la Interventora Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 17 de abril de 2019.
En un comunicado, el candidato a la alcaldía de Bollullos de la Mitación, Bernardo González, ha manifestado que "es del todo intolerable que el equipo municipal de gobierno, con el alcalde al frente, esté presionando a estas dos altas funcionarias que, en el caso de la interventora, ha formulado 167 informes de reparo con respecto de facturas presentadas directamente sin seguir procedimiento de contratación alguno".
"La situación ha llegado al extremo de que los proveedores se dirigen hacia el departamento de intervención para solicitar el pago de facturas que el alcalde le acusa de tener bloqueadas, cuando estas funcionarias se limitan a cumplir sus obligaciones, algo que debería hacer por responsabilidad política quien dirige los destinos de este ayuntamiento", asegura.
González ha advertido de que, según los informes de las funcionarias, "existen trabajadores públicos cobrando complementos y gratificaciones de manera arbitraria y, además, muy por encima de lo establecido en los presupuestos".
El candidato popular ha incidido en que "en un pleno municipal de noviembre del pasado año, el alcalde denegó la palabra a la secretaria, una posibilidad que recoge la ley para evitar precisamente la posibilidad de dudas en la legalidad del punto debatido". En ese caso concreto, explica que hacía referencia al informe que recoge que, "si se adoptan acuerdos sobre gastos sin la fiscalización de la intervención, se podría incurrir en supuestos de infracción muy grave tipificada en la legislación vigente".
González ha llamado la atención también sobre que el alcalde "incumple la ley de transparencia, el acceso a la información pública y buen gobierno, lo que podría penalizarle con hasta diez años sin ocupar ningún puesto de alto cargo".
"Detrás de todo esto, vemos una persecución inadmisible hacia estas funcionarias reflejadas en el informe en cuestión, que hace referencia a dos incidencias por faltas de respeto, se informa de la nulidad o anulabilidad del nombramiento de jefe de área, sin plaza, así como anomalías detectadas en el proceso selectivo de una determinada subvención", concluye.
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