La defensa del delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha solicitado a la juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, la magistrada María de los Reyes de Flores, a través de un recurso de apelación, que se anule su imputación en la causa abierta por supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto sevillano.
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se formula contra el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla dictado el pasado 27 de febrero que desestimó el recurso de reforma interpuesto por la representación legal de Cabrera contra una Providencia de 31 de enero que acordó la imputación del edil en calidad de investigado en la causa de los taxis.
El escrito recuerda que el concejal prestó, el 19 de julio de 2017, declaración en la presente causa en calidad de testigo "por los mismos hechos que, posteriormente, han constituido los elementos fácticos esenciales de su interrogatorio en calidad de investigado".
Asimismo, reclama que "no habiendo requerimiento ni notificación alguna relativa" a la Providencia que acordó la imputación de Cabrera, "con fecha 7 de febrero de 2019", éste recibió notificación "para que compareciese ante el Juzgado de Instrucción el día 18 de febrero de 2019, a las 11,00 horas, al objeto de ser oído en declaración den calidad de investigado".
En esa línea, el recurso apunta que la Providencia "no consta ninguna resolución adicional" en la que "se concreten o detallen" los hechos por los cuales se acordaba la imputación del edil.
Esta situación descrita, supone "la absoluta vulneración" del derecho a la tutela judicial efectiva del concejal, según continúa el escrito, al no haber "mención alguna de las cuestiones fácticas y/o jurídicas que podían dar lugar a tal imputación".
Por ello, y ateniéndose, entre otros preceptos, al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se refiere al derecho del investigado "sin demora injustificada" a ser "informado de los hechos que se le imputa, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados", la defensa de Cabrera la nulidad radical de la imputación.
DECLARACIÓN EN EL JUZGADO
Cabe recordar que el concejal declaró en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla el pasado 7 de marzo, donde señaló que ante los indicios de su presunta implicación "en base a elementos de permisividad" que le trasladó la magistrada de la Sala, María de los Reyes de Flores, enumeró la "multitud" de medidas que ha puesto en marcha la Delegación de Movilidad "para ejercer la autoridad que tiene dentro de esta parada de taxis desde el punto vista administrativo con el fin de hacer cumplir las ordenanzas municipales".
En declaraciones a los periodistas tras su comparecencia en la Sala, Cabrera subrayó que entre esas medidas "se han podido reforzar el personal del Instituto del Taxi, crear unidades específicas de Policía Local para este aspecto, la aprobación de más de 6.000 horas extraordinarias para tramitar el elevado numero de expedientes, así como las determinadas peticiones a Aena en relación a la parada de taxis".
"Durante mi declaración he podido presumir de ser el único delegado municipal en los últimos 20 años que ha podido poner medidas sobre la mesa para regular el servicio de taxis para el aeropuerto así como he podido destacar que cuando ostenté la dirección del Instituto del Taxi, se pudo aprobar la tarifa fija y el turno rotatorio", aseguró.
Con respecto a la causa, en la que se investiga además a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi como persona jurídica por delitos de "organización delictiva, daños y coacciones", así como a sus principales dirigentes, el delegado señaló que los indicios que le ha trasladado la magistrada "corresponden a conclusiones de la Brigada de Información que basadas en un testigo anónimo que dice que hay connivencia por mi parte porque tengo amistad con el presidente de Solidaridad con el Taxi, Enrique Filgueras, algo que no es cierto y que hay que desmostrarlo".
En este sentido, aseveró que su trato con el presidente de Solidaridad del Taxi es "protocolario". Así, lamentó que "las conclusiones que la Brigada de Información viene realizando resulten de una foto del banquete de boda de Filgueras, la cual oficié como concejal", asegurando que se trata de "un acto de protocolo, como otros que puedo tener con presidentes de otras asociaciones".
LA SITUACIÓN DE SOLIDARIDAD HISPALENSE
En un auto dictado en septiembre, la juez, que también mantiene como investigados en la causa al ya expresidente de Solidaridad Hispalense Enrique Filgueras y otros dirigentes de esta entidad como Antonio Velarde o Francisco Ternero, relacionados con las presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto, imputó a la Asociación como "persona jurídica" en los términos de "constituir una organización delictiva que sirve de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto vehículos con conductor --VTC-- como incluso los servicios municipales --Tussam--".
Al respecto, los informes policiales derivados de un registro en la sede de Solidaridad del Taxi, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de la entidad documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.
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