La denuncia, basándose en gran parte en el trabajo realizado durante años por ecologistas y biólogos independientes, de la Comisión Europea contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el cada vez mayor peligro que corre Doñana a causa de las extracciones ilegales en el acuífero 27, del que se nutre este Patrimonio de la Humanidad, y la votación el próximo 21 de marzo en el Parlamento Europeo de un informe de recomendaciones sobre esta joya ecológica han obligado al Gobierno y resto de Administraciones españolas a reaccionar tras decenios haciendo la vista gorda sobre los pozos y riegos clandestinos en el espacio natural.
Por fin se reconoce la evidencia de que el acuífero está sobreexplotado, como consecuencia de los pozos ilegales para la ampliación de los cultivos de fresas y otros productos incluso a costa de la deforestación, un tardío reconocimiento administrativo que permitirá restringir al máximo las concesiones. Asimismo, el Ejecutivo anuncia -más vale tarde que nunca- un plan de choque para el control de pozos clandestinos entre el 1 y el 15 de marzo, con el fin de conocer la situación y proceder a su clausura. El anuncio de este plan especial denota justamente un inadmisible desconocimiento del descontrol existente, denunciado históricamente por los ecologistas. En el entorno de ese paraíso llamado Doñana ha imperado demasiado tiempo la ley de la jungla.
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