La caravana de 122 nombramientos que rubricó el martes el Consejo de Gobierno le está trayendo más de un dolor de cabeza al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. El pasado de algunos de estos cargos se ha hecho presente para evidenciar alguna que otra incoherencia en el discurso de PP y Cs: ni todos los perfiles son tan técnicos como se había pregonado ni todos tienen un historial inmaculado.
Buena prueba de ello es que en menos de 24 horas decía adiós la delegada territorial en Granada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Elisa Fernández-Vivancos, una vez que trascendió que fue la responsable del gabinete jurídico de la Junta en Granada que se encargó del caso Nevada, por el que el Gobierno andaluz resultó condenado a pagar 165 millones de euros. Designada por Ciudadanos, que ha puesto en varias ocasiones este proceso judicial como ejemplo de la mala gestión socialista, Fernández-Vivancos decía adiós (sin que incluso su nombramiento se hubiese publicado en el BOJA) para evitar que “la inexactitud de las informaciones sobre su trayectoria profesional” sirva de base para atacar “a la nueva etapa de cambio”.
A esto se unió otra petición de dimisión, la del nuevo secretario general de Cultura, Fernando Francés. En este caso fue el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, el que señaló que, si el Gobierno andaluz fuera “coherente”, tendría que cesarlo al estar imputado por un delito contra el patrimonio histórico.
Francés, por cierto, niega que esté “imputado” por un delito contra el patrimonio y que incurra en cualquier incompatibilidad, tras haber dejado sus cargos en las tres empresas y las dos fundaciones donde estaba. Hasta ahora director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, Francés declaró el pasado junio como investigado ante un juez por los mosaicos que el artista Invader había colocado en algunos edificios del centro de esta ciudad declarados como Bien de Interés Cultural (BIC).
El otro alto cargo que sigue trayendo cola es el del director general de la Oficina Judicial y Fiscal, cuyo titular, Carlos Rodríguez Sierra, fue abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero en la causa de los ERE y de la madre de El Cuco, implicado en el caso de Marta del Castillo. “Aquí hay una confusión de intereses”, lamentaba el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, mientras que Maíllo no entiende “qué mensaje manda” Cs con esta decisión.
Si en PSOE y Adelante Andalucía se acumulaban las preguntas y reproches por la designación de algunos altos cargos y por la tardanza en darle forma a la estructura de Gobierno, entre PP y Cs todo era comprensión el uno con el otro. “Prudencia” era lo que reclamaba el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, así como un “voto de confianza” para los recién llegados, además de no precipitarse en la crítica. Por su parte, el portavoz adjunto de Cs, Fran Carrillo, se limitaba a decir que “recabaremos información” antes de pedir la dimisión de nadie, por mucho que PP y Cs pactaran apartar a todo imputado.
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