El Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado la tala de once árboles de la calle Alejo Fernández, al verse los mismos afectados por el proyecto de restauración y adaptación del antiguo mercado de la Puerta de la Carne como nuevo espacio de ocio, gastronomía y cultura, y mediar un informe técnico según el cual su trasplante no resultaría "viable".
Así figura en una resolución emitida el pasado 5 de febrero por dicho departamento del Consistorio hispalense, un documento recogido por Europa Press y en el que se detalla que los árboles a talar son once ejemplares de 'melia azedarach', "afectados" por el comienzo de las obras del citado proyecto y "cuyo trasplante no es viable" según reflejaría un informe técnico del área de Parques y Jardines que "detalla individualmente el estado de estructura" de cada uno de estos árboles.
A tal efecto, fuentes municipales han explicado a Europa Press que esta medida es "complementaria" al inicio de las obras de reforma y transformación del edificio, indicando que estos árboles se ven afectados por la iniciativa al haber sido proyectado el sótano del futuro recinto precisamente bajo ellos, según el diseño original elaborado en su momento.
Hablamos del proyecto promovido para la rehabilitación y reconversión del antiguo mercado de la Puerta de la Carne, construido entre 1927 y 1929 bajo el diseño de los arquitectos Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán, para su transformación en un espacio de ocio, gastronomía y cultura.
El edificio, de estilo regionalista, cayó en desuso en 1999 y su deterioro arquitectónico estuvo acompañado incluso de episodios de ocupación ilegal, hasta comenzar la citada iniciativa.
El proyecto, derivado de una concesión del Ayuntamiento, impulsado por una UTE y valorado en unos 7,5 millones de euros, contempla principalmente 24 puestos de hostelería en la planta baja, usos comerciales y de restauración en la primera planta, un mirador en las cubiertas y un sótano dedicado a actividades culturales, con una sala multiusos de 475 metros cuadrados, una sala de exposiciones de 79 metros cuadrados y un vestíbulo de 116 metros cuadrados.
Tras las necesarias labores de desescombro del interior del complejo, a mediados de marzo de 2017 arrancaron al fin las excavaciones arqueológicas de carácter preventivo asociadas a las obras. Aquellas primeras excavaciones supusieron, de hecho, el desenterramiento del antiguo matadero municipal, encargado en 1489 por los Reyes Católicos y demolido en 1914.
Hallazgos históricos
Los vestigios, cuya localización estaba prevista, fueron descubiertos a una cota de un metro y medio bajo el firme y se traducen en arranques de muro de aproximadamente un metro y medio de altura. Después, merced al avance de dichas excavaciones y según figura en un documento recogido por Europa Press, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura instó a "continuar las excavaciones arqueológicas con los mismos objetivos y metodología hasta ahora empleados, a medida que la ejecución del proyecto de rehabilitación del mercado así lo permita y demande".
Dado el caso, el Ayuntamiento ordenaba "la continuación de las obras de rehabilitación aprobadas", si bien "de conformidad" con la resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y un informe del director del contrato de obras, la UTE adjudicataria del proyecto debía "redactar una modificación" del mismo "que integre los restos hasta ahora exhumados".
Ya en octubre de 2018, la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobaba prorrogar 40 meses y ocho días, en concreto hasta el 25 de octubre de 2052, el contrato adjudicado a la UTE en cuestión. Para ello, el Ayuntamiento apreciaba el informe técnico aportado por la UTE, según el cual los plazos previstos en los pliegos del contrato para la presentación del proyecto y su autorización por el órgano de contratación "no han tenido ninguna semejanza con los que han sido necesarios en la realidad, produciéndose una dilación de más de tres años que no puede ser imputaba al concesionario, cuyo proceder ha sido diligente".
Así, el Ayuntamiento ve acreditado que la UTE "no es responsable de que hasta el 26 de enero de 2018 no se le haya notificado la viabilidad jurídica y técnica del proyecto de ejecución. Es más, tras un esfuerzo prolongado del contratista para llegar al grado de conocimiento de un edificio con un alto valor de protección que permitiese redactar un proyecto de ejecución que pudiera recibir la conformidad de la Comisión de Patrimonio Histórico y, con ello, del órgano de contratación, ha resultado necesario invertir la solución técnica que se propuso en agosto de 2014, dentro del plazo de dos meses de que inicialmente disponía el concesionario para la presentación del proyecto".
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