El rector de la Universidad de Sevilla es el primer responsable académico que da un toque de atención serio en relación a la obligación de cotizar a la Seguridad Social todas las prácticas de los estudiantes. Una medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez por Real Decreto el pasado 29 de diciembre, en plenas vacaciones de Navidad, sorprendiendo a las universidades, “con las que no había hablado”, ha apostillado Miguel Ángel Castro en un desayuno informativo con la prensa.
El rector de la Hispalense ha pedido “prudencia” al Gobierno con este tema, ya que “de manera inmediata, la Universidad ha recibido la inquietud” de las empresas con las que mantiene los convenios de colaboración que permiten ofertar cada curso algo más de 9.000 prácticas curriculares. Son este tipo de prácticas por las que ahora habrá que cotizar también. Ya lo hacen las empresas por las extracurriculares. Ahora, el Gobierno tiene que desarrollar normativamente quién y cómo debe abonar la cotización a la Seguridad Social. La primera reunión está prevista para mañana miércoles 6 de febrero.
Sólo la Universidad de Sevilla gestiona cada curso 11.000 prácticas; algo más de 2.000 la Universidad Pablo de Olavide. Si se le suman los alumnos de Formación Profesional de grado medio y superior, son más de 30.000 los alumnos con prácticas por las que habrá que cotizar.
“Cuanta más seguridad para nuestros estudiantes, mejor, pero si eso es con un coste adicional, alguien nos tendrá que decir de dónde sacamos el dinero”, ha aclarado Castro, que ha cifrado en dos millones el impacto de la medida en el presupuesto anual de la Hispalense, que supera los 400 millones de euros.
La postura de la Universidad de Sevilla es compartida de “manera informal” por el resto de las universidades andaluzas, que, en su próxima reunión con el nuevo Gobierno andaluz –aún por fijar-, plantearán para contar con su complicidad y apoyo.
“No podemos asumir este gasto adicional. El Gobierno debe buscar el camino para dar más seguridad a los estudiantes” sin que esto repercuta en las arcas universitarias, ha sentenciado Castro.
Aclaración del Ministerio de Educación
Sobre la cotización de las prácticas, se ha pronunciado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, quien ha aclarado en el Senado que el Ejecutivo no permitirá ninguna medida sobre la cotización de alumnos en prácticas y ha asegurado que "buscará una salida" a este tema. Ya son tres los ministerios implicados en el asunto: el de Trabajo -de quien partió el Real Decreto-, Ciencia, Innovación y Universidades y Educación.
"Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades", según Celaá. Ha insistido en que la medida de Trabajo está en fase de desarrollo normativo, puede ser modificada a través de enmiendas y que ella va "a remar en la corrección de esta medida".
Lo ha declarado este martes en la Comisión de Educación del Congreso y tras la petición de comparecencia del PP para que explique los efectos del real decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo, propuesto por el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social. Esta medida "no puede nunca generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora", ha recalcado Celaá, además de responder al PP que sin conocer el desarrollo normativo, "no se puede cuantificar, ni siquiera por aproximación" el importe o la cuantía de esa futura cotización de las prácticas.
Elección de rector y plan de financiación
El rector de la Hispalense, que ya encara la recta final de su mandato, ha dado por cerrados dos debates. Por un lado, el referente a la elección de rector por parte del Claustro, que se mantiene tan sólo en la Universidad de Sevilla frente al sistema de sufragio universal. “Es un tema zanjado. Un tema sobre el que no se habla ya en la universidad”, ha señalado. Igualmente, entiende Castro que no hay motivos para plantear una revisión de la bonificación de las matrículas, sobre cuya aplicación hay “consenso” y unanimidad.
Sí que entiende que al consejero Rogelio Velasco (CS), con competencias en universidades, habrá que trasladarle la que es una reivindicación histórica de las universidades: un plan de financiación al que “sumar cantidades adicionales por objetivos medibles”.
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