La Fiscalía de Sevilla solicita cuatro años de cárcel para M.B.G. y L.M.B.G, administradores de la mercantil Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz S.L., como presuntos autores de un delito de fraude de subvenciones tras recibir una ayuda en forma de préstamo por 1.262.122 euros del Ministerio del Industria, Energía y Turismo en 2011, dinero que destinaron a un fin "distinto" para el que fue concedido y que nunca devolvieron.
Por estos hechos, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este lunes a M.B.G. (nacido en 1951), L.M.B.G. (nacido en 1965) y Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz, como acusados, y a San Miguel Compañía de Inversiones Andaluzas, Planta Energía Solar Olivares XIII y Explotaciones Agrícolas y Ganaderas San Miguel, como terceros responsables a título lucrativo. Estas tres mercantiles estaban controlados por los dos acusados.
Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz, según el relato de los hechos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se constituyó el 8 de marzo de 2011, nombrándose administrador único a J.C.P.J. y siendo sus únicos socios y propietarios M.G.P. y M.M.U.
Cuando aún no se había constituido formalmente la mercantil, la misma, el día 20 de diciembre de 2010, al amparo de la Orden ITC 3.098/2006 de 2 de octubre de 2006, en el marco de la promoción de la reindustrialización del tejido productivo español, y a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó una ayuda al mencionado Ministerio con el fin de crear una industria y llevar a cabo el proyecto denominado 'Pinturas Aéreas', creando para ello la mercantil Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz S.L.
Su solicitud de ayuda se tramitó en un expediente por el mencionado Ministerio. Posteriormente, en escritura pública de 3 de mayo de 2011 los propietarios de Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz S.L. enajenaron la totalidad de sus participaciones a los acusados M.B.G. y L.M.B.G., los cuales en la misma escritura de venta, tras cesar al anterior administrador, se constituyeron en administradores solidarios, y fijaron el domicilio social primero en El Puerto de Santa María (Cádiz) y definitivamente en Sevilla.
Los nuevos administradores continuaron con la tramitación del expediente de ayuda. El 14 de junio de 2011 se concedió la ayuda interesada en resolución de la Secretaría General de Industria. La ayuda consistía en la concesión de un préstamo de 1.262.122 euros sin intereses, cuantía que se abonó el 20 de julio en una cuenta de la sociedad.
Tras solicitud de la mercantil, el Ministerio concedió que los gastos previstos para la instalación de la industria a la que se ayudaba se realizaran hasta el 30 de octubre de 2012. El préstamo, sin intereses, se debía devolver en diez años, debiéndose justificar los gastos de inversión antes de 1 de octubre de 2012.
SE APODERARON DEL DINERO
"Lejos de ello los acusados, en su condición de administradores de la mercantil, decidieron dar a la ayuda recibida destino distinto al fin para la que se había concedido, apoderándose en su beneficio de la misma", según la Fiscalía.
Así, pasado el plazo para la justificación de los gastos de inversión los acusados "no han justificado los gastos para ayuda a la inversión de 2.534.244 euros, para lo que el préstamo sin intereses se concedió.
Los intereses del préstamo se han fijado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en 396.297,04 euros mediante una fórmula de calculo denominada Subvención Bruta Equivalente. Tampoco los acusados han devuelto "ni un solo plazo del préstamo".
Una vez los acusados tuvieron el préstamo en su poder realizaron desde la cuenta en la que se recibió diferentes transferencias a distintas cuentas. Así, a una cuenta titularidad de San Miguel Compañía de Inversiones Andaluzas, entre el 29 de septiembre y al 21 de noviembre de 2011 se realizaron once transferencias por un total de 456.960 euros.
El 20 de septiembre del mismo año, se efectuó una transferencia por mil euros a una cuenta de Planta Energía Solar Olivares XIII. Mientras, el 5 de agosto de 2011, Explotaciones Agrícolas y Ganaderas San Miguel recibió una transferencia de 118.000 euros.
Para la Fiscalía los hechos investigados son constitutivos de un delito de fraude de subvenciones del que son responsables en concepto de autores los tres acusados, M.B.G., L.M.B.G. y la mercantil Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz.
Por ello, según el Ministerio Fiscal, corresponde imponer a los administradores la pena a cada uno de cuatro años de prisión y multa de 2.000.000 de euros con seis meses de prisión en caso de impago. A la acusada Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz, la pena de multa de 2.000.000 de euros.
Además, reclama la Fiscalía para los tres acusados la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por cuatro años.
Igualmente, pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Tesoro Público con 1.262.122 euros, con intereses. De dicha cantidad, San Miguel Compañía de Inversiones Andaluzas responderá conjunta y solidariamente con los acusados hasta 456.960 euros; Planta Energía Solar Olivares XIII, hasta 1.000 euros; y Explotaciones Agrícolas y Ganaderas San Miguel, hasta 118.000 euros.
El fiscal interesa se dicte auto de sobreseimiento provisional respecto de J.C.P.J. por no estar acreditada su participación en los hechos.
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