El Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla ha admitido a trámite la querella por un presunto delito de alzamiento de bienes presentada por un exabogado de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) contra esta entidad y su presidente Juan Moreno, por crear otra asociación para eludir sus deudas.
En un auto fechado el 11 de diciembre, al que ha tenido acceso Efe, la jueza, que el pasado 30 de octubre rechazó admitir la querella presentada por el denunciante pero sí incoar diligencias previas por relatarse en su denuncia "hechos que pudieran ser constitutivos de delito", admite ahora a trámite la querella por un presunto delito de alzamiento de bienes contra UCA, Juan Moreno, la mercantil Ediuca y el fundador de Naturcode Fernando Vázquez Rojas.
En su denuncia, el exabogado de UCA Alfonso R.A., que tiene reconocida por 8 sentencias del TSJA y cuatro de diversos juzgados de lo Social y de Primera Instancia más de 100.000 euros de honorarios impagados por la Unión de Consumidores y su presidente, incorpora cartas enviadas desde el pasado verano por UCA a sus socios en las que les informa de la creación de la nueva "Asociación de Personas Consumidoras de Sevilla- Relamación (UCA-UCE Sevilla),compartiendo su domicilio con la sede autonómica".
"Será esta asociación provincial la que, de ahora en adelante, gestionará sus datos y el cobro de la cuota como persona asociada, así como atenderá sus consultas y reclamaciones, etc. Ello no va a suponer ningún cambio para usted como persona asociada, manteniéndose todos sus derechos y obligaciones en los mismos términos que hasta ahora", añade la carta tipo, a la que ha tenido acceso Efe.
El exabogado de UCA presentó una querella por presunto alzamiento de bienes con la creación de esta nueva entidad a la que se derivarán los ingresos de la asociación, procedentes de las cuotas de los socios, que fue declarada insolvente en mayo por los juzgados ante la reclamación de varias deudas.
El pasado febrero, la consejera de Salud, Marina Álvarez, anunció en el Parlamento que la Dirección General de Consumo investigaba si UCA-UCE había cobrado, a través de EdiUCA, de las empresas privadas Telefónica y Altadis sin comunicarlo, unas "irregularidades" que podrían llevar su "suspensión" del Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía.
Según la organización de consumidores Facua, que reclamó su expulsión de este regustro, "la Junta se limitó a revocar en marzo a UCA-UCE la condición de federación de consumidores más representativa con el argumento de que ya no contaba con asociaciones en las ocho provincias andaluzas, una vez que las Sevilla y Huelva abandonaron la entidad".
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