El juicio que se celebra desde el 11 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla contra 45 personas, entre ellos 37 policías locales y el superintendente de la Policía Local, Juan José García, por la presunta filtración de los exámenes de las oposiciones promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla para cubrir 103 plazas del Cuerpo de la Policía Local ha quedado visto para sentencia.
Tras concluir la fase de informes finales de las partes personadas, el juez David Candilejo ha ido llamando uno a uno a los 45 acusados por si querían hacer uso de su derecho a la última palabra, si bien, no han querido ejercerlo ninguno, según han confirmado fuentes del caso.
La Fiscalía reclama 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por dos delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos y de prevaricación para el superintendente de la Policía Local, Juan José García, al igual que para los otros miembros del tribunal de las oposiciones y un funcionario del Ayuntamiento.
Por su parte, el Ministerio Público pide para los agentes locales que aprobaron estas oposiciones investigadas una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.
Asimismo solicita que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados y que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario a efectos de las consecuencias administrativas y económicas que ello acarree. Por su parte, las defensas solicitan la libre absolución de sus representados.
La fiscal, en el trámite de cuestiones previas, sostuvo que los miembros del tribunal acusados en el juicio filtraron de modo intencionado y selectivo la plantilla de corrección del caso práctico de la oposición, ha admitido que la citada vocal del tribunal contactó con ella vía llamada telefónica para informar el hallazgo "casual" en su domicilio de documentos con 19 preguntas del examen.
En este punto, la fiscal ha expuesto que ella misma le dio instrucciones para que entregase los documentos al juzgado y ha precisado que esta testigo "nunca ha confesado que hubiese sustraído" tales documentos y que aunque su descubrimiento resultase ciertamente "sorprendente", los mismos fueron hallados de un modo "absolutamente casual".
Así, criticó que las defensas intenten proyectar la tesis de que media una "conspiración judeomasónica" contra los policías locales acusados en este juicio, defendiendo la "honestidad" de esta testigo frente a las "intentonas" de imputar en la causa a esta vocal y su "compañera", en alusión a las representantes de la Junta de Andalucía en el tribunal de la oposición.
Los abogados defensores solicitaron entonces anular el papel como testigos y peritos de los agentes del extingo Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) de Sevilla encargados de investigar este asunto, así como sus actuaciones al respecto, alegando que los mismos tendrían "intereses directos o indirectos" en el procedimiento judicial por causas de "enemistad" con los policías acusados, toda vez que la fiscal descartó tal extremo y avisó de la "campaña de acoso" sufrida por estos agentes a cuenta de su investigación.
Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos "familiares o sindicales", señalando expresamente el caso de un opositor y ya agente acusado, hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), Manuel Bustelo.
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