La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha alertado este miércoles en rueda de prensa del "asfixiante e intolerable" recorte de libertades, exponiendo que la provincia de Sevilla es el escenario de una media de 42 multas diarias por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como "ley mordaza", "encabezando" el ranking nacional de provincial por sanciones en esta materia.
La provincia de Sevilla, según la organización, lidera además el listado nacional en cuanto al pago de sanciones por infracciones derivadas de dicha normativa, con 8.761.262 euros durante 2017. "Periodistas, feministas, sindicalistas, colectivos LGTBIQ+, personas sin hogar y defensoras de los derechos humanos son los principales colectivos afectados por una represión que va en aumento y que se ceba a base de multas, especialmente con los barrios más excluidos", según APDH-A.
La entidad expone que entre 2016 y 2017, el número de sanciones por infracciones de dicha ley creció un 35 por ciento, hasta un total de 15.420 en 2017 según "el último dato facilitado por Interior".
La organización considera que esta situación refleja "una desprotección absoluta de la ciudadanía, que ve cómo se atropellan de manera constante sus derechos más básicos y se implementa un orden autoritario que nos retrotrae a épocas pasadas. A tal efecto, ha recordado que su delegado en Sevilla, Pablo María Fernández, ha sido objeto de un "expediente sancionador" por parte de la Subdelegación del Gobierno y "a propuesta del Cuerpo de Policía Local", después de que promoviese una concentración ante el Ayuntamiento hispalense en demanda del derecho a la vivienda digna y que previamente hubiese comunicado la organización del acto.
Por otro lado, expone el colectivo que el coordinador de Marginación de la organización andaluza está en la actualidad "investigado en un procedimiento penal tras su asistencia como observador a lo que se anunciaba como el arranque de una nueva corrala en la calle Macarena", donde dicho intento de ocupación se saldó con no pocos incidentes al intervenir la Policía Nacional y saldarse la situación con lesionados entre las filas de los ocupas y de los agentes y seis detenidos.
Ante ello, defiende APDH-A que nunca ha "propiciado acciones violentas o tendentes a la comisión de ilícito alguno". "Por el contrario, reivindicamos el respeto a los derechos y libertades de todas las personas con dignidad". Más bien, denuncian, estos procedimientos persiguen "la contención, el aislamiento, el recorte a la libertad de expresión y la criminalización de los activistas sociales".
Así, la asociación ha criticado la "represión" que el Gobierno está ejerciendo como "medida disuasoria" para los movimientos por la defensa de los derechos humanos, exponiendo que pondrá en marcha una campaña con la etiqueta #QuienSeMueveSaleEnLaFoto, como "otra víctima más de la represión este año".
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