La vida cotidiana se halla permanentemente sometida por una legislación imparable. El individuo no es consciente de que su existencia está de tal forma encorsetada que solo cuando es reclamado por la Agencia Tributaria, el juzgado cercano o su ayuntamiento cae en la cuenta del lío en que lo han metido. Atisba nuevos cambios en que cada vez su dinero vale para menos, pues los impuestos indirectos inciden calladamente en su economía pero, generalmente, no se detiene a pensar que es el gobierno de turno el que, mediante engaño, permite que gane un poco más para exigirle por triplicado un desbordamiento de sus más cuidadosas prevenciones de todo tipo.
En la esfera del Derecho Penal se ha ido produciendo paulatinamente un desapoderamiento de la autoridad del juez. Tradicionalmente tenía este la llave de la libertad ajena pero progresivamente se ha quedado apenas con un poder instrumental pues no puede decretar ni la prisión de una persona si no le es pedida por el fiscal u otra parte acusadora. No es aventurado pensar que ello responde a una voluntad del poder político ahora que los juzgados están llenos de enjuiciamientos a dirigentes corruptos y asimilados.
En el campo de las relaciones patrimoniales ocurre otro tanto. Gayo decía que el Derecho se divide en tres partes, personas, cosas y acciones. Entre estas está el mundo de la contratación, que se ha diversificado en miles de tentáculos, enormemente normado por las leyes y donde el imperio de la voluntad de los particulares ha quedado casi anulado. Las repercusiones que cualquier convenio interpersonal despliega en materia de tributos, de sometimiento, por ejemplo, a la ordenación urbanística, cuya presión en ambos casos es mayor o menor según el lugar de España donde se formulen, es claro ejemplo de un tratamiento desigual e injustificado de realidades idénticas.
Qué decir en el mundo de la relación familiar, regido por una ley claramente transgresora del principio de igualdad, utilizada en no pocos casos como instrumento de venganza y que no ha sabido mitigar la violencia doméstica, sino que parece ser motor de su crecimiento.
El Código civil ha sido la base del orden jurídico en todas sus manifestaciones. En vigor desde 1889, recogía las instituciones romanas que hizo suyas el genio legislador de Napoleón. Poco a poco se le ha ido desmembrando instituciones hasta desfigurar su ejemplar tratamiento de esa distinción de Gayo a que nos hemos referido, pues comprende el tratamiento de la persona, la familia, el derecho hereditario y el ámbito de la contratación y los derechos reales. Parece, sin embargo, que el gobierno tiene ya preparado un anteproyecto de ley que dará un giro copernicano a todo ese tratamiento y que es su intención que la modificación de infinitas consecuencias del Código Civil vea la luz antes del próximo año. Innecesario resulta la trascendencia de lo que se nos viene encima, que incidirá, además, como las fichas de un dominó en multitud de normas y situaciones dimanantes de las relaciones que regula. Es terrible. Y está esperándonos ahí mismo. Y como está el patio. Que Dios nos coja confesados.
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