El celador del Hospital de Valme de Sevilla que llevaba la camilla en la que la joven Rocío Cortés era trasladada a planta tras dar a luz a su hija, cuando falleció al ponerse en marcha el ascensor con la puerta abierta, declara este jueves como investigado ante la jueza que instruye el caso.
Se trata de la segunda persona que declara como investigado en esta causa, tras pedir su citación tanto la acusación particular que ejerce la familia de la víctima como la defensa del otro imputado, el ascensorista encargado del mantenimiento del elevador el día del accidente (el 20 de agosto de 2017), que compareció el pasado 18 de agosto y negó cualquier "intervención o manipulación" causante del siniestro.
El Juzgado de Instrucción 1 de Sevilla investiga las causas del accidente, y las posibles responsabilidades penales que puedan imputarse a personas físicas, por las que el ascensor se paró y se puso en marcha con las puertas abiertas en el momento en el que el celador sacaba la camilla con la joven, elevándose en segundos y provocando que la paciente se golpeara mortalmente con el techo del elevador.
Paralelamente a la vía penal, la familia de la víctima ha presentado recientemente una reclamación de responsabilidad patrimonial al SAS para que asuma la indemnización del marido y las tres hijas menores de la pareja, al entender que el accidente fue "consecuencia de un defectuoso funcionamiento de los servicios públicos" bien por un "incorrecto funcionamiento" del ascensor o "bien por la incorrecta intervención o manipulación del personal (funcionario o laboral) al servicio de la administración".
Considera que no concurren los supuestos de fuerza mayor que excluirían al SAS de cualquier responsabilidad civil ya que el siniestro no se produjo por un supuesto imprevisible o inevitable sino que se "pudo y debió haber mantenido los ascensores del hospital en perfecto estado de funcionamiento, revisión y servicio, y en su caso, poner al frente delos mismos, a personal cualificado y capacitado para resolver cualquier incidencia".
Para la acusación particular existe "una innegable y directa relación de causalidad" entre la actuación de la administración sanitaria y el daños causado.
Los primeros informes periciales han descartado el fallo mecánico o eléctrico y han apuntado al fallo humano como causa posible, si bien la jueza espera aún otro informe pericial así como el análisis de la memoria de la CPU del ordenador del ascensor, con datos borrados del día del siniestro.
Al abrirse la instrucción judicial, el SAS pidió personarse como acusación popular pero la jueza lo rechazó.
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