Juan Antonio Carrillo Donaire, perito de parte propuesto por la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha expresado este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla en la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que la Intervención General tenía "la llave" para cerrar "el grifo" de los fondos destinados al pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis investigadas.
Así ha respondido después de que el fiscal anticorrupción haya preguntado a los peritos de parte qué papel tenía la Consejería de Hacienda respecto a los informes del Control Financiero Permanente --sistema de fiscalización-- de los entes públicos, como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, encargado de materializar el pago de las ayudas con fondos allegadas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L.
Cabe recordar que los informes del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, desde el correspondiente al ejercicio 2003 (conocido en 2005) ya recogían el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación así como que se estaban concediendo ayudas "prescidiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Pues bien, Carrillo ha explicado que el papel de la Consejería de Hacienda era de "mero testigo" porque era "receptora sólo del informe definitivo", no de adicionales ni provisionales, para "su conocimiento", tanto los de IFA/IDEA como los correspondientes a cada uno de los 170 entes públicos.
"Es testigo porque en Hacienda está el grifo -de los fondos--, que es la Tesorería, no la llave. La llave está en la Intervención General con el informe de actuación, siendo el único 'input' que puede suscitar, ya sí, la competencia no resolutiva de elevación al Consejo de Gobierno".
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