Hace unos días vimos cómo la Consejería de Salud dio licencia a la clínica iDental en Sevilla, que presuntamente ha estafado a más de mil sevillanos, con el argumento de que como la normativa no lo exige no había hecho una segunda inspección para comprobar si habían sido subsanadas las deficiencias observadas por sus inspectores en la primera visita y había dado por supuesto que habían sido subsanadas. Ahora revelamos cómo el Catastro refleja sin lugar a dudas el gran incremento de volumetría del restaurante Abades Triana durante el mandato de Monteseirín pese a que en la parcela no se podía construir más de lo que ocupaba el antiguo bar Puerto. De los 437 m2 de éste se ha pasado a los 2.116 m2 de aquél, cinco veces más, algo tan obvio que salta a la vista para todo el mundo excepto, al parecer, para los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.
El Consejo Consultivo de Andalucía avaló la licencia dada por el Ayuntamiento a Abades Triana pese a recriminarle previamente todos los defectos formales y técnicos que había observado. Se escuda en que supuso que todas esas deficiencias habían sido subsanadas. Pues tampoco. Los casos iDental y Abades son la demostración de que organismos supervisores no funcionan, ante lo cual cabe preguntarse qué justifica su existencia y el dinero que cuestan al contribuyente si tampoco luego asumen la responsabilidad por sus errores.
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