El expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza Mercedes Alaya por sus declaraciones cuestionando su absolución por apropiación indebida en las que afirmó que la instrucción demostró un fraude de 25 millones al club.
Según confirmaron a Efe fuentes cercanas al expresidente bético, éste se mostró "indignadísimo" ante las declaraciones de Alaya el pasado miércoles a un grupo de periodistas y, junto a sus abogados del despacho Montero Aramburu, promoverá una queja ante el CGPJ para que adopte las medidas oportunas.
Lopera ha remitido una carta a Diario de Sevilla en la que critica que las declaraciones de la jueza que instruyó el caso "rozan la calumnia" y la reta a un "careo" con sus abogados si realmente quiere sostener un "debate público" sobre su "desautorizada" instrucción, el informe pericial y la sentencia del denominado 'caso Betis'.
El exmandatario del club verdiblanco considera "insólitas, cuando no falsas" las afirmaciones de la instructora, recordando la "tortuosa e interminable instrucción" de la que fue "víctima" y lamentando que, tras haber salido absuelto, tenga que salir de nuevo al paso de unas acusaciones "carentes, como la propia sentencia acredita, del menor fundamento".
Se pregunta si Alaya pretende "influir, actuando de hecho como parte acusadora, en los magistrados que habrán de resolver" el recurso presentad por la asociación Béticos por el Villamarín contra la sentencia absolutoria, "criticar a los compañeros que dictaron" dicha sentencia a la par que "justificarse ante una instrucción, unas medidas cautelares y un auto de procesamiento que a la hora de la verdad han quedado radicalmente desacreditados".
Lopera fue absuelto por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tras nueve meses de juicio por apropiación indebida, un delito por el que inicialmente le acusaban la Fiscalía, el Betis y tres asociaciones de socios -Liga de Juristas Béticos, Por nuestro Betis y Béticos por el Villamarín- y por el que el Ministerio Público llegó a pedir tres años de cárcel y tres millones de euros de indemnización.
Con el juicio ya iniciado, el pasado julio, el club y dos de las asociaciones acusadoras llegaron a un pacto extrajudicial con Lopera y Luis Oliver por el que ambos cedían su 51% de acciones a cambio de 15 millones de euros y de retirar las acusaciones.
Béticos por el Villamarín no firmó el acuerdo, por lo que el juicio continuó celebrándose en septiembre (tras el parón estival), si bien sólo con esta acusación y la Fiscalía, que a raíz del pacto y de darse por resarcido el principal perjudicado, rebajó la pena solicitada a seis meses de cárcel sustituibles por 3.600 euros de multa.
Pese a que con ese acuerdo Lopera aceptaba dicha pena, al celebrarse el juicio el tribunal -presidido por el magistrado Ángel Márquez- dictó una sentencia en la se desvinculaba del acuerdo y que resultó más favorable aún para el expresidente bético, al absolverlo junto al resto de acusados, por no ver "acreditado" su "ánimo de lucro" en perjuicio del club cuando del déficit pasó a tener 35 millones en la cuenta de resultados y Lopera sufrió "embargos en su patrimonio persona" por avalar operaciones de compra de jugadores de renombre.
El fallo, pendiente del recurso presentado por Béticos por el Villamarín, era muy crítico con el informe pericial encargado en 2008 por Alaya sobre los efectos en la situación económica del club de los contratos de servicios durante 15 años con las empresas de Lopera, prueba principal acusatoria, al señalar que sus conclusiones "se sitúan en el terreno de la conjetura".
En sus declaraciones a los periodistas el miércoles, Alaya defendió que dicho informe recoge "hechos consumados" y lamentó que la absolución supone "desaprovechar años de instrucción y utilizar a la Justicia y a los inspectores de Hacienda" que hicieron un "impresionante trabajo".
Defendió que durante la instrucción "llegamos a demostrar que con la contabilidad oficial había 25 millones que habían defraudado" y "nadie descarta que pudieran llevar una contabilidad paralela", declaraciones especialmente criticadas por el expresidente en su carta a la prensa.
Aunque admitió no haber leído la sentencia, la jueza defendió que estaba demostrado que el concurso de acreedores era "culpable", que el expresidente bético "no había comprado todas las acciones que decía" y que "había unidad de caja" con sus diferentes empresas.
Añadió que es un caso "muy particular" porque las partes "llegaron a un acuerdo económico donde dieron a Lopera un montón de millones", y dijo que le han "contado" que el club preveía que las acciones subieran de precio con un proyecto de recalificación de locales en la zona del estadio y ante ese temor prefirió el acuerdo.
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