En el contexto de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Javier Millán, ha anunciado este miércoles que su formación propondrá en el pleno "excluir" al presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, investigado en la causa, del consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi, extremo que aplica al conjunto de dicha organización.
Javier Millán ha celebrado este miércoles una rueda de prensa, en torno al contenido de los oficios elevados por la Brigada de Información de la Policía Nacional al Juzgado de Instrucción número ocho, respecto al papel de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi en el devenir de la parada de taxis del aeropuerto, donde esta entidad tiene precisamente instalada su sede.
Al respecto, ha recordado que la investigación policial refleja "delitos muy graves" por los que están investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos su presidente, Enrique Filgueras. A colación, ha insistido en la idea de que "quien está siendo investigado judicialmente" no puede "velar por el correcto funcionamiento del servicio de taxi", considerando "totalmente incompatible la presencia en órganos del Ayuntamiento de una asociación investigada por organización criminal".
Al respecto, ha recordado su petición al Gobierno local para que Filgueras y Solidaridad del Taxi fuesen apartados del consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi a cuenta de su situación judicial, porque tal reclamación ha recibido "la callada por respuesta" e incluso el alcalde, el socialista Juan Espadas, "pone en duda los informes policiales". Así, ha planteado la pregunta de "si el gobierno del PSOE tiene algún acuerdo encubierto con la mafia del taxi".
Y ante "la inacción del gobierno socialista", Millán ha anunciado que "en aras de preservar la limpieza de las instituciones, el buen nombre de los profesionales del taxi y la defensa de los usuarios estafados en el aeropuerto", Ciudadanos propondrá en el próximo pleno que la junta local de Gobierno "excluya a Solidaridad del consejo de gobierno del Instituto del Taxi y cese a su representante", al menos mientras se resuelve el proceso judicial.
En ese sentido, ha recordado el "precedente" de 2002, cuando a propuesta del actual concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), entonces director del Instituto del Taxi, el pleno aprobó "que se excluyera a los miembros de Solidaridad del Taxi por imputaciones pendientes de resolver". "Ahora nos encontramos ante un monopolio descarado del taxi, con prácticas mafiosas según los informes de la policía y una investigación judicial por graves delitos", ha continuado Millán, que no se explica que "ante esto no se tome la misma decisión que en 2002, expulsando a Solidaridad".
LA INVESTIGACIÓN DE LOS TAXIS
Hablamos de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y las supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto, para monopolizar la misma. Y es que dicha parada, recordémoslo, está sujeta a una tarifa única que oscila entre 22,3 y 24,3 euros por trayecto.
Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que esta organización está radicada precisamente en un local del aeropuerto de Sevilla, registrado en junio de 2017 por la Policía Nacional.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a supuestas sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad. En algunas sanciones, según los agentes, mediaría la máxima de que ante "cualquier duda", los taxistas afectados debían dirigirse al secretario de la asociación y "nunca" al presidente, Enrique Filgueras, porque tal extremo implicaría la "duplicación" de la sanción.
EL PAPEL DE SOLIDARIDAD DEL TAXI
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración".
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación". Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según este oficio, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam".
Incluso localizaron, según uno de estos oficios recogidos por Europa Press, fotografías de la boda civil del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, oficiada por el actual concejal de Seguridad y Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien además habría asistido a la celebración.
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