La UCO de la Guardia Civil solicitó a la juez María Núñez, que instruye el denominado caso Faffe, que reclamara al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los correos electrónicos de un total de 66 directivos y trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, tras detectar un e-mail en el que se reconocía la ilegalidad de un contrato y se daban instrucciones para camuflarla.
"No quiere decir que estemos cumpliendo con la Ley de Contratos, pero al menos tenemos algo de publicidad"La instructora, tras recibir la documentación remitida por la Junta de Andalucía, ha acordado abrir una pieza separada y secreta para analizar todas las comunicaciones, ante la existencia de indicios "razonables y bastantes" de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Antes de eso, en el que localizó la UCO en el transcurso de su investigación, enviado por una responsable de la Dirección de Garantías Institucionales a una técnico del departamento de Desarrollo Territorial encargada de los procedimientos de contratación, la remitente afirmaba, en referencia a un contrato, que "con este importe no hay manera de legalizar la contratación, ni aun fraccionándolo".
Pero lejos de advertir de que ése no era el camino correcto, lo que hacía era dar instrucciones para que la ilegalidad pareciera menos ilegalidad: "A ver si podéis haceros con tres ofertas y montar un negociado sin publicidad". "No quiere decir que estemos cumpliendo con la Ley de Contratos, pero al menos tenemos algo de publicidad", concluía aquella comunicación, que se cerraba con una puntualización: "Me consta que es muy urgente solucionar este tema".
El contrato en cuestión afectaba a la obra de la sede de la Faffe en la calle Diego Martínez Barrio de Sevilla, un expediente plagado de irregularidades, según hicieron ver algunos trabajadores de la Faffe a los investigadores policiales. No había nada firmado, toda la documentación estaba fotocopiada, no existían originales. Y entre la documentación que aparecía en el expediente figuraba el mencionado correo electrónico.
El trabajo en cuestión lo realizó la empresa GAPC Mobility SL, con la que, según los investigadores, existía algún concierto por parte de responsables de la Dirección de Desarrollo Territorial de la Faffe para prestaciones sin contrato escrito, lo que contraviene lo que establece la Ley de Contratos para las entidades del sector público.
Cuestión de fechas
Una de las conclusiones de los investigadores es que se produjo una solicitud de asesoramiento por parte de la Dirección de Desarrollo Territorial a la de Garantías Institucionales para buscar una solución jurídica que ocultara una ilegalidad conocida.
Los trabajos en cuestión se abonaron el 10 de marzo de 2010. La factura 51/09, por un importe de 83.520 euros, se había emitido el 10 de noviembre de 2009. Y entre la emisión de la factura y el abono de la misma, se fabricó el expediente. El e-mail dando instrucciones tiene fecha, según ha sabido este periódico, de enero de 2010.
Los investigadores de la UCO creen que la Dirección de Desarrollo Territorial de la Faffe confeccionó un procedimiento de contratación específicamente para dar cobertura legal a la factura 51/09, emitida por la empresa GAPC Mobility.
Y también están convencidos de que la Dirección de Garantías Institucionales de la Faffe, el departamento que debía velar, precisamente, por el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación, era plenamente consciente de que las alternativas planteadas para legalizar la contratación eran contrarias a la norma.
Y, de hecho, la tramitación posterior de un procedimiento negociado sin publicidad con efectos retroactivos al objeto de dar cobertura legal a una situación irregular, en la que se había prescindido del procedimiento legal, que los implicados debían conocer, no deja de ser, en opinión de la UCO, otra irregularidad.
Las sombras de la Faffe
El caso Faffe trata de aclarar, por una parte, las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de cursos de formación. Pero las pesquisas realizadas hasta el momento han ampliado el objeto.
Así, también se investiga el uso indebido de tarjetas de crédito, la contratación de personas relacionadas familiar o políticamente con los propios dirigentes de la Fundación o el PSOE y la contratación de servicios y suministros incumpliendo la normativa de contratos del sector público.
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