La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) celebrará este jueves dos asambleas, una extraordinaria y otra ordinaria, con nuevos cruces de acusaciones, anuncio de acciones judiciales y denuncias de ataques.
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La convocatoria de las asambleas la precede la denuncia de los miembros del anterior equipo directivo de iniciar “públicamente el ejercicio de acciones deontológicas y judiciales” contra Murillo y su Junta, al entender que su última circular está “plagada de falsedades”, en especial las referencias a la situación “límite y de colapso” económico que aseguran se encontró la dirección actual cuando tomó posesión.
En la circular, según ha podido saber Viva Sevilla, se señala que “esta Junta de Gobierno, en junio de 2017, se encontró un Colegio con un saldo en cuenta de menos de 27.000 euros, y más de 1.000.000 de euros pendientes de resoluciones judiciales”. Al respecto, Enrique Soler, miembro de la anterior dirección, asegura que esa afirmación “es totalmente falsa, como se puede constatar en un documento emitido por el personal responsable del Departamento de Tesorería y Contabilidad del Colegio el mismo día de la toma de posesión de Cristina Murillo como decana y que consta en el registro del COAS”.
Ese documento, que obra en poder de Viva Sevilla, refleja que el saldo contable era de 133.841,5 euros en las 11 cuentas de la institución más 200.000 euros en imposiciones a plazo fijo a fecha de 6 de junio, y que el saldo era de 128.127,26 euros el 14 de junio de 2017, y, aunque Soler reconoce deudas pendientes por valor de 54.000 euros, niega las cifras de las que se les acusa en la circular.
Además, Soler denuncia la intención de la actual directiva de “sustraer” a los colegiados “la capacidad de decisión” sobre el recurso de casación al Supremo de la indemnización de los despidos, que ronda el medio millón de euros, mediante la aprobación “en un cierre de cuentas, de forma extemporánea y maquillada”, lo que supondría “que la Junta de Gobierno conseguiría de forma irregular el mandato asambleario para desactivar el procedimiento judicial y abonar las indemnizaciones”.
Esa circular incluye además una referencia a los “más de 75 escritos y recursos presentados en el COAS y 67 ante el CACOA por miembros de la anterior Junta de Gobierno y de algunos de sus colaboradores”, a los que achacan una campaña de descrédito, ya que todos “han sido favorables a la gestión de esta Junta de Gobierno”, insistiendo en la ausencia de argumentos jurídicos y las descalificaciones personales que contienen.
Ataques informáticos
A esta queja se une la difusión a través de internet y con un número de teléfono de Canadá de noticias falsas (“fake news”) relativas a los Presupuestos de la entidad para 2018 y a la Fundación Fidas, además de mensajes “injuriosos” por WhatsApp.
Y denuncia la difusión de un acta notarial para las elecciones del 29 de mayo de 2017, obtenida “de manera ilegal e ilegítima” con la intención de poner en cuestión la limpieza del proceso electoral interno. Según el actual equipo directivo, existió “total y absoluta garantía en el secreto de voto”, ya que el notario se limitó a entregar 415 sobres cerrados para las elecciones, extremo acreditado ante un juzgado.
Para cerrar el círculo, el COAS también ha denunciado un ataque informático previo a estas asambleas, que ha llegado a “colapsar” sus servicios informáticos, suprimiendo incluso la recepción de los votos delegados, ya que se han registrado en “un periodo inferior a tres horas” más de 82.000 ataques.
Esta situación no es nueva, ya que, según el COAS, se repitió antes de la anterior asamblea del 20 de diciembre de 2017, alcanzando entonces los 170.000 ataques, procedentes de China, Rusia y EEUU a través de una IP itinerante ubicada en una isla del Atlántico.
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