A poco más de un año para que finalice el mandado de Espadas, “la problemática de vivienda no solo no se ha solucionado sino que ha empeorado”, asegura la concejal de Participa, Cristina Honorato. Con una cifra de 1.841 procesos judiciales en 2017, un 20% más que en el año anterior, Honorato afirma que “ya no nos vale el argumento de Espadas de que acaba de llegar y no ha tenido tiempo de ponerse manos a la obra”.
Sin una red digna de alternativas habitacionales, con una oficina de vivienda “insuficiente” y con una “falta de personal patente” en las UTS, “no se puede decir que Espadas esté haciendo lo suficiente para atender a las personas que se quedan sin hogar”, asevera la concejal. “Necesitamos una política integral que camine hacia un parque público de vivienda que garantice el derecho a la vivienda, de la misma forma que se garantiza tener una cama en un hospital o una plaza en una escuela pública con independencia de quién seas”, ha reivindicado la concejal.
Las personas que “se están quedando en la calle tienen perfiles muy diversos”, explica Honorato, “pero en gran parte de los casos, son familias con problemas derivados de falta de ingresos por ser personas paradas de larga duración, o con realidades muy duras de violencia machista”. Por tanto, “no entendemos que se lleve a estas personas al albergue municipal ni a hostales, porque estos no son lugares para una familia con menores en muchos casos”, ha criticado Honorato.
La respuesta que está dando el Ayuntamiento ante una realidad en aumento como la de los desahucios “no solo es insuficiente, sino que es además pacata y verdaderamente vergonzosa”, ha denunciado la concejal y añade que “Espadas muestra una insensibilidad sonrojante y una desconexión total con los problemas de la gente cuando aún no ha destinado los recursos necesarios a atajar la problemática de vivienda en Sevilla, ni siquiera ha puesto en marcha el protocolo que firmó junto con los Juzgados en el verano de 2015 para dar una respuesta a estas situaciones”.
Actualmente hay casi 12.000 inscritos en el registro de demandantes de vivienda pública, y la mayoría de ellos son menores de 35 años con ingresos inferiores a 537,84 euros al mes. “Estos datos hablan de una realidad muy dura”, asegurado Honorato, “como son la falta de empleo estable y la imposibilidad de acceder a la vivienda por la burbuja en los precios del alquiler que estamos viendo y que encuentra parte de su motivación en la turistificación que está padeciendo el centro de Sevilla sin control ni regulación alguna por parte de las administraciones”.
Una prueba de ello es que durante el desarrollo del anterior Pleno municipal se produjeron dos desahucios en el centro, ambos relacionados con la problemática de turistificación: “expulsaron de sus casas a Lola y a Hadiya, madre esta última de una adolescente y superviviente de la violencia machista, que ha ido a la calle porque es más rentable hacer de su casa un alquiler turístico que una vivienda para una madre y su hija”, explica la concejal.
Al Pleno de febrero fue también una moción de Ciudadanos (C’s) que “buscaba relacionar criminalidad con las personas que sufren problemas de acceso a la vivienda”, denuncia Honorato. Según la moción ordinaria de C’s, la ocupación de viviendas está directamente relacionada con un mayor índice de criminalidad. “Nada más lejos de la realidad”, ataja Honorato. “Precisamente ha habido en el último año un descenso bastante acusado de la criminalidad y no entendemos que se hable ahora de un aumento que no se corresponde con la realidad”, ha explicado la concejal, para quien, además, “lo que ellos llaman ocupación no deja de ser una solución que buscan por sus propios medios las personas que se quedan fuera de sus casas. Se está tratando de atribuir un carácter de criminalidad a personas tan solo por reclamar su legítimo derecho a la vivienda digna, y pedir soluciones mejores que las que actualmente está dando el Gobierno municipal”, ha aseverado la concejal.
Honorato ha recordado además que la senadora por el Grupo Parlamento de Unidos Podemos en el Senado, Maribel Mora, llevó esta semana una pregunta a la sesión de control al Gobierno central, en la que inquiría al Gobierno por las alarmantes cifras de desahucio en la ciudad de Sevilla y sobre las medidas que ha llevado a término para atender a este drama y asegurar el derecho a la vivienda que recoge la Carta Universal de Derechos Humanos.
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